El Imdeco contesta a los clubes de fútbol: “la gestión en precario” le impide asumir gastos

Manuel Torrejimeno en una comparecencia de prensa | RAFA MELLADO

La polémica parece estar servida. Así es después de que los clubes encargados de la gestión de los campos municipales de fútbol de la capital comunicaran su intención de no efectuar la reapertura de los mismos hoy por hoy. El motivo de esta decisión es la “carencia de medios, tanto económicos como materiales, para hacer frente” al posible riesgo de contagio de Covid-19. Tal es la principal razón argüida por las entidades a través de Gesfutcor en un comunicado en el que además aludiera a una sensación de “abandono institucional”. Dicha postura tiene su respuesta del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), que señala la situación en precario del funcionamiento de las instalaciones y la incapacidad de intervenir por este hecho.

Sobre los temas expuestos por los clubes, el Imdeco explica que “ya desde hace varios años, los distintos clubes de fútbol gestionan en precario las instalaciones deportivas, sin título jurídico que soporte esta gestión”. “Esta situación, que ha de regularizarse, ha permitido a los distintos clubes obtener recursos como la venta de entradas o consumiciones en los ambigús, incluso su alquiler, sin hacer frente a gastos como podrían ser el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o un canon al Ayuntamiento, entre otros”, añade en este sentido. Se trata del primer punto de un comunicado en el que el organismo municipal se muestra tajante en su posición.

“Además, todos los clubes de fútbol han podido concurrir en igualdad de condiciones a las convocatorias de subvenciones del Imdeco, donde se prima la implantación del deporte, así como el número de licencias federativas y duración de las competiciones”, prosigue el Imdeco. La institución presidida por Manuel Torrejimeno (Ciudadanos), por otro lado, asegura que “la gestión en precario” provoca que “no pueda asumir gasto alguno en las distintas instalaciones por ser contrario a la normativa vigente y tener reiteradas advertencias de la intervención general en este sentido”. “De hecho, aún están pendientes de pago facturas de 2017 de gastos realizados al margen de la normativa vigente por el anterior gobierno”, se aclara en el texto.

Por tanto, recuerda que “asumir gastos a sabiendas de infringir la normativa vigente entra en el terreno de la prevaricación administrativa”. “El Imdeco se guiará siempre por el cumplimiento estricto de la legalidad”, agrega al respecto. Aun así, el organismo afirma que “está trabajando intensamente en lograr una fórmula de gestión que permita a las distintas entidades continuar con su actividad, ya que la fórmula emprendida por el anterior gobierno -la cesión de espacios- no permite a los clubes obtener recursos en una situación de normalidad jurídica”. “En la licitación prevista se primarán aspectos como el proyecto deportivo a desarrollar por el club, medido con diversos indicadores”, continúa.

“El Imdeco, en su papel de garante de la seguridad pública en el ámbito del deporte, ha realizado y distribuido un protocolo de actuación para los clubes, siendo de su estricta responsabilidad su aplicación. Obviamente, como no podía ser de otro modo, las tareas de limpieza de las instalaciones corresponde a los clubes”, arguye el ente municipal. Además, el organismo asevera que “los clubes de fútbol se encuentran en una situación mucho más favorable que el resto de entidades de la ciudad, que no disponen de una instalación municipal para su uso exclusivo”.

Dicho lo último, el Imdeco apunta que “centrará sus esfuerzos en distribuir los recursos disponibles a través de convocatorias de concurrencia competitiva”. “Este año 2020 se prevé triplicar las ayudas a los distintos clubes, pudiendo concurrir, como no podía ser de otro modo, los clubes de fútbol”, dice a continuación. Tras la exposición, eso sí, la institución presidida por Manuel Torrejimeno “quiere por último reconocer la labor de fomento del deporte que realizan las entidades gestoras de los campos de fútbol y trabajará coordinadamente con las mismas para regularizar su situación, de manera que puedan realizar su labor en un marco de seguridad jurídica”.

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