La falta de protección de los cines de verano frustra vías para que sean públicos

La falta de protección patrimonial de los cines de verano de Córdoba, unida a la negativa del Ayuntamiento de Córdoba a hacerse con los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia por 300.000 euros, ha frustrado una oportunidad única para que las administraciones públicas pudieran hacerse con estos espacios a un precio muy ventajoso para el erario público. Con ello, por el momento, se viene abajo una de las cuestiones que con mayor ahínco han planteado vecinos y colectivos cinéfilos de la ciudad: la posibilidad de que estas tres instalaciones pasen a ser de titularidad municipal o andaluza y, con ello, se las proteja de otros fines distintos a la proyección de cine en periodo estival.

Lo cierto es que, técnicamente, solo el Ayuntamiento de Córdoba disponía del derecho de tanteo y retracto cuando se enteró de la compraventa de los tres cines por parte del empresario hostelero Antonio Amil. En su caso, decidió renunciar expresamente a él en marzo de 2025 y luego a principios de 2026. A pesar de ello, en la escritura de compraventa firmada el pasado 26 de marzo, el notario dejó por escrito su advertencia a las partes sobre “la posibilidad de ejercicio de derecho de retracto” por parte de la Junta de Andalucía.

Sin embargo, fuentes cercanas a la operación aseguran que esa parte de la escritura y la posterior notificación de la transacción al Gobierno Andaluz tuvo un carácter meramente formal o de cortesía, ya que la Junta no tendría herramientas legales para intervenir de forma preferente en la transmisión de los inmuebles, al no estar los cines incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz ni en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz.

La clave reside en el propio encaje patrimonial de los cines de verano. La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía establece que solo los bienes inscritos en el catálogo autonómico quedan sometidos al régimen de tanteo y retracto de la administración andaluza. Y los históricos recintos cordobeses no cuentan con esa consideración. Paradójicamente, se trata de algunos de los espacios culturales más singulares de Córdoba, supervivientes de una tradición cinematográfica prácticamente desaparecida en España. Sin embargo, su protección actual es exclusivamente urbanística y no patrimonial.

La actual protección

Concretamente, el Plan Especial de Protección del Casco Histórico (PEPCH) los incluye dentro del Catálogo de Bienes Protegidos con la calificación de “jardines públicos”. El problema es que esa figura no garantiza específicamente ni la continuidad de la actividad cinematográfica ni la conservación de los cines como patrimonio cultural inmaterial. De hecho, el propio redactado urbanístico contempla usos muy amplios.

Los espacios quedan definidos “para albergar pistas polideportivas al aire libre, compatibles con su uso como espectáculo de temporada”, lo que abre la puerta a actividades deportivas, musicales, teatrales o incluso hosteleras vinculadas a usos culturales. En la práctica, esto significa que los solares están blindados frente a operaciones inmobiliarias residenciales, pero no necesariamente frente a cambios profundos en su actividad histórica.

La ausencia de una protección patrimonial específica también ha impedido que la Junta de Andalucía pudiera intervenir directamente en la reciente compraventa, una circunstancia que colectivos ciudadanos consideran clave en la pérdida de oportunidades para avanzar hacia una titularidad pública de estos espacios. Precisamente por ello, plataformas vecinales y entidades culturales vienen reclamando desde hace años una declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), una figura que sí incorporaría los cines al Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y reforzaría notablemente su blindaje legal.

En la práctica, con los últimos movimientos nada ha cambiado: esos tres cines sencillamente han pasado de un propietario particular a otro. Pero la posibilidad de que se aumente su protección patrimonial y con ello se aleje el fantasma de la especulación sigue abierta. La Junta de Andalucía tiene todavía la capacidad de iniciar de oficio una declaración BIC mediante decreto del Consejo de Gobierno.

Pero, por ahora, los cines de verano continúan protegidos únicamente como espacios urbanísticos y no como elementos patrimoniales esenciales de la memoria cultural de Córdoba.

La delegación territorial de la Junta de Andalucía no ha respondido a las preguntas enviadas por este periódico en el momento de la publicación de esta noticia.