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UGT y CCOO demandan a Asaja y COAG por conflicto colectivo en el campo al no incluir la subida del SMI

Un trabajador en un olivar.

Redacción Cordópolis

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La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT-Córdoba y la Federación de Industria de CCOO de Córdoba han interpuesto este viernes “una demanda de conflicto colectivo” contra las patronales agrarias COAG y Asaja de Córdoba, tras no llegar a un acuerdo en la mesa paritaria para la implantación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el sector agrario.

Según han informado ambos sindicatos en un comunicado conjunto, esta situación afecta en la provincia de Córdoba a “más de 65.000 personas, que en muchos casos están viendo sus derechos vulnerados”.

A esto se ha llegado tras la suspensión de la primera convocatoria de la mesa paritaria, el pasado 17 de mayo, aunque después del anuncio de movilizaciones por parte de CCOO y UGT se programó un nuevo encuentro, “que se ha celebrado este viernes en las instalaciones del Sercla”.

De hecho, “para propiciar el diálogo, los sindicatos aplazaron la concentración prevista para el pasado 21 de mayo ante la sede de Asaja Córdoba, hasta conocer la postura de la patronal en la mesa paritaria respecto a la aplicación del RD 1462/2018 del 21 de diciembre, por el que se regula el incremento del SMI para este 2019”.

Sin embargo, “a pesar de la buena disposición de FICA-UGT Córdoba y de la Federación de Industria de CCOO de Córdoba, la patronal se ha cerrado en banda y no modificará las tablas salariales del campo”, de modo que, “ante esta postura, los sindicatos han interpuesto, acto seguido, una demanda de conflicto colectivo, cuyo primer acto de conciliación está fijado para el próximo 6 de junio”.

En caso de no alcanzar un consenso en esa fecha, CCOO y UGT han previsto continuar “por la vía judicial, para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector agrario”.

En esta misma línea, los sindicatos lamentan “la postura de las patronales del sector agrario, que, a pesar de existir una normativa estatal, pretenden seguir vulnerando los derechos de los trabajadores del campo, que de por sí conforman uno de los sectores productivos más afectados por la precariedad y la temporalidad”.

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