Piden a Antifraude que investigue a la Universidad de Córdoba tras el caso del profesor que publicaba en Arabia Saudí

La Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) ha cursado una denuncia ante la Oficina Antifraude de Andalucía para que investigue “presuntos fraudes complejos y múltiples en falsas autorías de publicaciones científicas” cometidos en la Universidad de Córdoba (UCO).

En la denuncia, facilitada a este periódico y colgada en su web, APEDANICA parte del caso del químico y profesor Rafael Luque, suspendido de empleo y sueldo por la Universidad de Córdoba por firmar sus trabajos para instituciones sin prestigio académico -entre ellas la universidad Rey Saud, de Arabia Saudí- pese a que tenía un contrato de funcionario a tiempo completo con la institución española.

“Es público que en la Universidad de Córdoba se han producido presuntos fraudes complejos y múltiples en falsas autorías de publicaciones científicas que puedan haber perjudicado tanto la Universidad Pública, como a los fondos de la Junta de Andalucía destinados a financiar investigaciones. El funcionario Rafael Luque Alvarez de Sotomayor ya fue suspendido de empleo y sueldo por 13 años, pero no consta que hayan investigado sus dos empresas”, señala la denuncia, que también pide que se reclame información al actual consejero de Universidades de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, que era rector de la UCO cuando se produjeron los presuntos hechos por los que fue suspendido el investigador.

En este sentido, APEDANICA argumenta que, “con total seguridad”, Gómez Villamandos “no solamente conoce, sino que tiene, como mínimo, responsabilidades in vigilando al haber sido el rector durante los años en los que se han cometido los presuntos fraudes”. 

A este respecto, recuerda la demanda que “se han publicado relevantes testimonios, como el del ingeniero químico saudí Dr. Sakhr Alhuthali, y artículos como los de los periodistas holandeses Fleur Damen y Ronald Veldhuizen que evidencian que la trama saudí tiene alcance internacional al menos en Alemania, Italia y Países Bajos y hacen suponer que la presunta malversación de recursos públicos científicos que puede afectar a los fondos europeos por subvenciones y ayudas a proyectos de I+D+i”.

Además, el demandante pide a Antifraude que solicite el modelo 347 (Declaración anual de operaciones con terceras personas) a las dos empresas de Luque (una de ellas con sede en el Reino Unido) al entender que ambas son “presuntamente ilegales por constituirlas funcionario público incompatible por dedicación completa hasta hace pocos meses en la Universidad de Córdoba, presuntamente implicado en falsas autorías, y otros fraudes relacionados con publicaciones científicas”.