Nueve meses de cárcel para una cordobesa que estafó más de 170.000 euros con DNIs robados

Una vecina de la provincia de Córdoba ha sido condenada por la Audiencia Nacional a una pena de nueve meses de prisión por su implicación en una red delictiva que, entre 2016 y 2019, logró estafar más de 170.000 euros mediante la apertura masiva de cuentas bancarias y la solicitud de créditos con documentos de identidad robados o extraviados.

La sentencia, a la que ha accedido este periódico, condena a la egabrense junto a otras dos personas como autoras de los delitos de integración en grupo criminal, falsedad en documento mercantil y oficial y estafa continuada. En total, cada uno de ellos suma nueve meses de prisión (tres meses por grupo criminal y seis meses y un día por la estafa y falsedad), tras alcanzar una conformidad con la Fiscalía y aplicarse las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas debido al tiempo transcurrido desde el inicio de las investigaciones.

Los hechos probados señalan que la actividad delictiva se inició a comienzos de 2016 y se prolongó de forma continuada durante cuatro años hasta finales de 2019. A lo largo de este período, la trama de la que formaba parte la cordobesa logró apoderarse de la documentación personal (DNI y Tarjetas de Identificación de Extranjero) extraviada o sustraída a 145 personas distintas en diversos puntos del país. Con estos documentos, la organización procedió a la apertura fraudulenta de un total de 198 cuentas corrientes en la entidad ING Direct. Para formalizar los contratos, remitían los impresos requeridos por medio de empresas de mensajería imitando la firma de los verdaderos titulares.

Para superar las medidas de seguridad digital y verificación biométrica que exige la banca en línea, los condenados se aprovechaban de la situación de extrema necesidad de personas vulnerables para que se tomaran las fotografías requeridas en los trámites electrónicos, sin que estas supieran que formaban parte de un delito. Una vez que tenían las cuentas a nombre de los ciudadanos suplantados, la red solicitó más de 230 microcréditos y préstamos de forma enlazada a más de 20 financieras y empresas de crédito rápido.

El dinero concedido era transferido de inmediato a las 198 cuentas bajo control de la banda. Posteriormente, los delincuentes se apoderaban del efectivo mediante retiradas en cajeros automáticos o realizando compras para su beneficio personal. Aunque la mayoría de los microcréditos oscilaban entre los 100 y los 3.000 euros, la banda llegó a obtener préstamos bancarios de gran envergadura que alcanzaron sumas de 15.000, 20.000 y cerca de 30.000 euros en operaciones puntuales.

Además de las penas de cárcel y multas económicas, la Audiencia Nacional ha determinado que la cordobesa y los otros dos procesados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a todos los perjudicados. De esta forma, tendrán que reembolsar el 100 % del dinero cobrado a los ciudadanos suplantados a los que se les exigió la deuda (incluyendo intereses y recargos por demora), además de resarcir directamente a las financieras por aquellos préstamos insolventes que no llegaron a ser repercutidos a las víctimas.