Guiando por la Mezquita III: Los guardianes del privilegio

Durante décadas, la situación de los guías turísticos en la Mezquita de Córdoba se sostuvo gracias a una estructura de privilegios que muchos llegaron a considerar normal. Tan normal que cuestionarla parecía una extravagancia. Y denunciarla era considerado por algunos como una amenaza al equilibrio del sector turístico en la ciudad. Pero toda discriminación necesita de unos beneficiarios. Esta afirmación, aunque incómoda, se cumple también en esta problemática.

Si eres guía turístico y trabajas en Córdoba, es muy probable que hayas perdido algún amigo o compañero por el asunto del carné del Cabildo. O que te hayas visto envuelto en algún episodio de arrogancia por parte de compañeros de profesión o guardias de seguridad que han puesto en duda tu formación o tu capacidad para trabajar. O que te hayas visto hostigado delante de visitantes en el entorno de Monipodio en que, a veces, se convierte el patio de la Mezquita-Catedral.

Es decir, quienes habíamos obtenido una habilitación oficial expedida por la Junta de Andalucía, gracias a una exigente formación superior y de idiomas, y podíamos ejercer libremente en cualquier monumento patrimonial de España, éramos acusados de no estar suficientemente preparados precisamente para trabajar en la Mezquita de Córdoba.

Una imagen deplorable con una finalidad indudable de control y servilismo. Pero que se sirve de otros mecanismos para garantizar su cumplimiento. Puesto que ninguna situación de desigualdad se mantiene únicamente por voluntad de quienes la diseñan. También necesita el silencio y la conformidad tácita de quienes obtienen alguna ventaja de ella.

Vaya por delante que la inmensa mayoría de quienes se benefician de este sistema no son responsables de crearlo. Sino que en su momento encontraron una realidad ya existente y han desarrollado su actividad profesional dentro de las reglas que les venían dadas. Eso es comprensible.

Lo que resulta menos defendible es la resistencia que durante años ha generado cualquier intento de cuestionar esas reglas (recordemos, ilegales). Cuando un privilegio se prolonga en el tiempo deja de percibirse como tal, y empieza a presentarse como un derecho adquirido. Como una condición natural. Algo que siempre estuvo ahí y que, por tanto, merece permanecer. Es un mecanismo psicológico y social tan antiguo como eficaz.

Quienes disfrutan de una posición ventajosa rara vez se describen a sí mismos como privilegiados. Suelen convencerse de que simplemente están defendiendo la calidad, la tradición, la profesionalidad o la estabilidad. Y muchas veces lo hacen de buena fe.

Avanzando en esta lógica, nos encontramos con que esta connivencia tácita también necesita estructuras que la sostengan. Y aquí aparece un actor del que apenas se ha hablado en este conflicto, pero cuyo rol resulta determinante: la Asociación Profesional de Informadores Turísticos de Córdoba (APIT).

Durante años, APIT se ha erigido en portavoz único de todo el sector de guías turísticos de Córdoba. Es, además, miembro de la Federación Andaluza de Guías de Turismo (FAAPIT) y de la Confederación Española de Guías de Turismo (CEFAPIT). Esto le otorga, además de una opaca e inmerecida legitimidad, la representación única de Córdoba en los principales órganos asociativos de ámbito autonómico y estatal. Sin embargo, sus propios estatutos exigen estar en posesión del carné del Cabildo para poder formar parte de la asociación.

Es decir, detengámonos un momento: la entidad que representa oficialmente a la profesión de guías turísticos margina, ya desde sus propios estatutos, a la inmensa mayoría de las compañeras y compañeros habilitados. Esto da como resultado un auténtico cuello de botella excluyente para quienes quieren articularse a nivel profesional en Córdoba.

Quien no accede al sistema excepcional del Cabildo tampoco puede integrarse en la asociación autodesignada para representar al sector de los guías en Córdoba. Y quien queda fuera de APIT tampoco tiene posibilidad real de participar en las estructuras representativas andaluzas y estatales, al canalizarse esa representación precisamente a través de la propia asociación.

En resumen, si no tienes el carné ilegal del Cabildo, estás fuera. Un sistema atado y bien atado.

Un sistema que, además de contar con la connivencia del Cabildo, se blinda frente a cualquier injerencia externa. Que se autolegitima gracias a los micrófonos institucionales a los que tiene acceso. Que presenta su discurso como si fuera el de toda la profesión mientras margina administrativa y mediáticamente las voces discrepantes, asegurando una posición privilegiada en el acceso al mercado de trabajo. Y para el resto tan solo queda el ostracismo profesional. Aspirar a las migajas y agachar la cabeza, obligados a deambular en los márgenes de una estructura-fortaleza sin fisuras para el acceso ni la intromisión discrepante.

Sería injusto no mencionar a los compañeros y compañeras que desde dentro y fuera de APIT, beneficiarios de esta anomalía, han mantenido una actitud ecuánime y una defensa corporativa mucho más amplia y solidaria, manifestando su disconformidad con el manoseado carné del Cabildo en no pocas ocasiones, incluso a veces de manera pública. No es el caso, por ejemplo, de la dirección de la organización que en reiteradas ocasiones se ha puesto de perfil, abandonando a su suerte a la inmensa mayoría de la profesión. Como en cierta ocasión en que, interpelados sobre el conflicto, se limitaron a despachar el asunto con aquellas tristes e infames palabras de “nosotros sólo nos limitamos a estudiar, no queremos polémicas”.

Con un escenario semejante, es fácil imaginar los perjuicios laborales y económicos que se derivan. Una situación desmoralizadora. Pero que finalmente empujó a buena parte de los afectados a actuar de manera conjunta y definitiva. Hasta conseguir anular la legitimidad social de un privilegio, la opacidad de unas pruebas sin sustento normativo y la connivencia de un sistema orquestado para perpetuar este sinsentido. Iniciando un proceso que ya hemos explicado ampliamente aquí, aquí y aquí.

Y más allá de este proceso que, salvo sorpresa mayúscula, llegará a su fin el próximo 1 de enero, lo cierto es que también ha servido para organizar a un nutrido colectivo que viene disputando la hegemonía de la representación de la profesión que hasta ahora ha monopolizado APIT. No para rivalizar ni polemizar, sino para velar por unas condiciones laborales de calidad para toda la profesión de guías turísticos e intérpretes del patrimonio. Sin excepción. Sin privilegios. Además de aportar multitud de perfiles para enriquecer el ecosistema turístico de Córdoba. Y vertebrar una representación plural a nivel andaluz y estatal. Teniendo siempre presente el frágil equilibrio entre el turismo y la vida de nuestros barrios, un debate de máxima importancia y actualidad en la ciudad. Y sin mirar para otro lado ante los problemas acuciantes de nuestros vecinos y vecinas, que son también los nuestros.