Los casi 16.000 contratos de alquiler en Córdoba que se prorrogarían si se ratifica el decreto

Córdoba cuenta con 15.745 contratos de alquiler que podrían acogerse a la prórroga extraordinaria que pretende aprobar el Gobierno para los arrendamientos de vivienda habitual cuyo vencimiento se produzca antes del 31 de diciembre de 2028. La cifra, facilitada por la Delegación del Gobierno en Andalucía, sitúa a la provincia como la sexta de la comunidad con mayor número de contratos potencialmente afectados por una medida que entraría en vigor este jueves, 1 de octubre.

El volumen de contratos cordobeses supone aproximadamente el 6% de todos los que podrán acogerse a la medida en Andalucía, donde el Gobierno calcula que son 263.222. Por delante de Córdoba aparecen Málaga, con 74.050 contratos; Sevilla, con 54.866; Granada, con 40.069; Cádiz, con 35.757, y Almería, con 20.876. Por detrás quedan Huelva, con 11.359, y Jaén, con 10.500.

La estimación permite hacerse una idea del alcance territorial de la medida. Si se aplica la referencia de 2,5 personas por hogar utilizada por el Gobierno a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los 15.745 contratos cordobeses representarían alrededor de 39.400 personas potencialmente beneficiarias. Se trata, en todo caso, de una estimación: el número de hogares que finalmente utilicen la prórroga dependerá de que sus contratos cumplan las condiciones establecidas y de que los arrendatarios soliciten la extensión.

Una prórroga de hasta dos años

La medida afecta a los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos que se encuentren vigentes y cuyo periodo de prórroga obligatoria o tácita finalice antes del 31 de diciembre de 2028. La norma establece una prórroga extraordinaria por periodos anuales y hasta un máximo de dos años, durante los cuales se mantienen los términos y condiciones del contrato vigente.

Hay un matiz importante: la prórroga no se activa automáticamente sin intervención del inquilino. La persona arrendataria debe solicitarla y, para poder acogerse a ella, tiene que estar al corriente del pago del alquiler y haberlo estado durante los ocho meses anteriores. Si cumple las condiciones, el arrendador está obligado a aceptar la solicitud, salvo las excepciones previstas en la norma.

Esto significa que un contrato que estuviera llamado a terminar en 2026 podría prolongarse durante dos años adicionales y uno cuyo vencimiento se produzca en 2028 podría llegar, en función de las circunstancias y de la aplicación de la prórroga, hasta 2029 o 2030. El objetivo inmediato de la medida es evitar que los hogares afectados tengan que abandonar su vivienda al llegar el vencimiento y afrontar un nuevo contrato en las condiciones del mercado existente en ese momento.

Casi 1,9 millones de contratos en España

El alcance de la medida es nacional. Los cálculos manejados por el Gobierno sitúan en 1.895.676 los contratos de alquiler potencialmente prorrogables en España. De ellos, 751.166 tienen su vencimiento previsto en 2026, otros 809.899 en 2027 y 334.611 en 2028.

Es decir, más de ocho de cada diez contratos incluidos en la estimación concentran su vencimiento entre 2026 y 2027. La medida pretende actuar precisamente sobre ese volumen de contratos que, sin la modificación normativa, irían llegando a su fecha de finalización durante los próximos meses y años.

Andalucía, con 263.222 contratos, representa alrededor del 13,9% del total estatal calculado por el Gobierno. Dentro de la comunidad, Córdoba queda lejos de los volúmenes de Málaga y Sevilla, pero por delante de Huelva y Jaén. En términos absolutos, los 15.745 contratos de Córdoba representan aproximadamente uno de cada 17 contratos andaluces incluidos en la estimación.

El alquiler llega a la medida en un escenario de precios al alza

La prórroga llega además en un mercado en el que el alquiler ha experimentado un incremento significativo durante la última década. El análisis de elDiario.es a partir de los datos del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda del Ministerio de Vivienda señala que el precio mediano del alquiler en España acumuló hasta 2024 una subida del 43% respecto a 2015. Los datos proceden de alquileres declarados en el IRPF y cruzados con la información catastral.

En Córdoba capital, el incremento acumulado es menor que la media nacional, pero también resulta significativo. Un análisis publicado por Cordópolis a partir de la misma fuente cifra en un 30,3% la subida media del alquiler en la ciudad y sus barriadas durante la última década, con un alquiler promedio de 557 euros mensuales en los datos correspondientes a 2024.

La evolución más reciente de los precios de oferta también refleja incrementos. Según los datos de idealista, en agosto de 2026 el alquiler en la provincia de Córdoba se situaba en 9 euros por metro cuadrado, un 4,4% más que un año antes. En la capital, el valor alcanzaba los 9,6 euros por metro cuadrado, con un incremento interanual del 4,9%. Son datos de oferta del portal inmobiliario y, por tanto, no son directamente comparables con la estadística del Ministerio, que se basa en alquileres declarados y no en anuncios de viviendas disponibles.

Esta diferencia entre las fuentes es relevante. La estadística del Ministerio utilizada por elDiario.es recoge contratos declarados fiscalmente y permite observar la evolución de los alquileres existentes, mientras que los datos de portales como idealista reflejan los precios de las viviendas que salen al mercado. No miden exactamente lo mismo.

Córdoba, ante un doble escenario normativo

La prórroga extraordinaria forma parte de uno de los dos reales decretos-ley aprobados por el Consejo de Ministros el 29 de septiembre. El segundo decreto introduce cambios de mayor alcance sobre la continuidad de los contratos de vivienda habitual.

El Real Decreto-ley 27/2026 modifica el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para establecer un nuevo régimen de continuidad de los contratos una vez agotado el periodo mínimo de cinco años —o siete cuando el arrendador sea una persona jurídica—. La nueva regulación contempla prórrogas sucesivas de la misma duración salvo que alguna de las partes comunique su voluntad de poner fin al contrato, con nuevos plazos de preaviso.

Ambas normas deben distinguirse. La prórroga extraordinaria de hasta dos años funciona como una medida transitoria para los contratos que vencen antes de 2029, mientras que el segundo decreto plantea una modificación más estructural del régimen de continuidad de los alquileres.

En el caso de Córdoba, por tanto, los 15.745 contratos calculados por el Gobierno constituyen el universo potencial de la primera medida. No significa que los 15.745 vayan a prorrogarse necesariamente: son contratos identificados como susceptibles de acogerse a la extensión extraordinaria. Además, el decreto debe ser ratificado por las Cortes este mismo viernes.