La jueza exige a la Policía que informe si ofreció alojamiento a las mujeres tras cerrar el club de Córdoba vinculado a una red de explotación

La plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Córdoba ha solicitado un informe exhaustivo de la situación social y habitacional de las mujeres afectadas tras la clausura de un club de la capital, ubicado en Chinales, después de que la Policía Nacional haya situado allí una red de prostitución.

Hay que recordar que la clausura temporal del establecimiento se produjo el pasado 15 de octubre a petición de la Fiscalía de Córdoba. El objetivo de esta medida es neutralizar cualquier riesgo de reiteración delictiva mientras avanza la instrucción de la causa. Esta providencia de la jueza llega después de que el abogado de las investigadas solicitara una modificación parcial de la clausura dado que el cierre había dejado a las mujeres en una situación de “desamparo habitacional” al no disponer de un lugar alternativo donde dormir.

Por este motivo, el letrado solicitó, con carácter urgente, permitir la pernocta de las mujeres en sus habitaciones y el uso de los servicios básicos -manteniendo sellada la actividad comercial y prohibiendo la entrada de clientes- o, subsidiariamente, la intervención urgente de los servicios sociales de emergencia.

Ante esta solicitud, la jueza ha emitido una providencia requiriendo al Grupo II de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (BPEF) de la Policía Nacional para que informe sobre tres cuestiones. En primer lugar, la magistrada quiere saber cuántas mujeres había en el club en el momento en que fue precintado. En segundo lugar, urge a que la Policía informe sobre si se les ofreció un lugar donde residir en el momento de la intervención, detallando qué alternativas se les propusieron y cuál fue la respuesta individual de cada una de ellas.

En tercer y último lugar, la jueza interesa saber si, actualmente, todas las mujeres tienen un lugar donde vivir. En el caso de que alguna carezcan del mismo, los agentes deberán hacer las gestiones oportunas con organizaciones o Servicios Sociales para que todas estén bajo techo.

Operativo de la Policía

El operativo policial inicial se saldó con la detención de siete personas en Córdoba y dos en Cáceres, interviniéndose 28.000 euros en efectivo, drogas y documentación. Ninguno de los arrestados ingresó en prisión preventiva, dictando el juzgado su libertad provisional con medidas cautelares como comparecencias quincenales, prohibición de salida del territorio nacional para una de las investigadas y la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio.

De acuerdo con el atestado policial, la organización criminal operaba captando a mujeres en situación de vulnerabilidad en sus países de origen mediante falsas ofertas de empleo. Una vez en España, la red presuntamente las sometía a un control férreo de tarifas y horarios para forzarlas a ejercer la prostitución de manera ininterrumpida, las 24 horas de los siete días de la semana.

Tras la investigación, las actuaciones judiciales se han dividido en dos causas que han caído sobre dos juzgados diferentes. Por un lado, el de Violencia sobre la Mujer investiga el presunto delito de trata de seres humanos y, por otro, la plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba tiene diligencias abiertas por un presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.