El jefe de la Oficina Antifraude urge en Córdoba a proteger a quienes denuncian la corrupción frente al miedo a las represalias

“Sin informador, no hay lucha contra la corrupción”. Con esta rotunda premisa, el director de la Oficina Andaluza contra el Fraude (OAAF), Francisco de Paula Sánchez Zamorano, ha urgido en Córdoba a establecer mecanismos reales para proteger a quienes denuncian irregularidades frente al terrible miedo a sufrir represalias laborales o personales. Ha sido durante la inauguración de las jornadas sobre prevención del fraude y lucha contra la corrupción celebradas en el Colegio de la Abogacía, un foro en el que el jefe antifraude ha advertido de que la persona que da el paso de alertar “muchas veces se debate entre el miedo y la zozobra sobre si va a ser objeto de represalias”.

Durante su intervención, Sánchez Zamorano, que ha recordado sus 40 años de trayectoria como magistrado, ha subrayado que una buena parte de las denuncias que ha recibido su departamento se han registrado de manera anónima precisamente por ese temor a las represalias. Para abordar este reto democrático, el director adjunto de la Oficina, Manuel Pérez Piña, especialista en la materia, ha sido el encargado de abordar cómo se gestiona tanto la protección del informante como la denuncia anónima. Asimismo, Sanchez Zamorano ha querido reconocer expresamente el papel indispensable de los profesionales del derecho en este engranaje, ya que, tal y como ha aseverado, “sin abogados, no hay tutela judicial efectiva”.

Previamente, el decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba, Carlos Arias, ha dado la bienvenida a los asistentes y ha defendido con firmeza que “una abogacía bien formada es una abogacía mejor preparada para asesorar, prevenir conflictos, identificar riesgos, proteger derechos y contribuir a que las actuaciones se desarrollen dentro del marco de la legalidad”. Arias ha reivindicado que los abogados y abogadas se han consolidado como “los primeros detectores de humo cuando se produce un tema” y actúan siempre como “el primer escudo” ciudadano frente a las irregularidades. Además, ha alertado de la gravedad de estos delitos, subrayando que el fraude y la corrupción “deterioran la confianza ciudadana, debilitan la credibilidad de las instituciones y afectan a la igualdad ante la ley”. Por ello, ha exigido que la colaboración entre organismos no sea una mera declaración de intenciones, sino que se traduzca en espacios reales de trabajo.

En esta misma línea de defensa de lo público, el delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en Córdoba, Jorge Fernández Gañán, ha remarcado que luchar contra el fraude ha significado “defender la confianza de los ciudadanos en las instituciones” y “proteger los recursos públicos”. Fernández ha explicado que “quien defrauda no solo incumple una norma, sino que está obteniendo una ventaja injusta frente a otros”, un comportamiento que perjudica directamente a aquellas empresas y profesionales que “actúan honestamente”. El delegado ha recordado las dos vías de actuación de la Agencia: el fomento del cumplimiento voluntario y la persecución implacable del delito. En este punto, ha aprovechado para alabar efusivamente la labor “a veces muy callada y muy soterrada, pero importantísima” del servicio de Vigilancia Aduanera frente al contrabando, el blanqueo y el fraude fiscal.

La apertura del acto ha sido clausurada por la secretaria general de Justicia de la Junta de Andalucía, María José Cañizares Castellanos, quien ha asegurado que desde la llegada de Vox a la Consejería de Justicia se ha asumido “el absoluto compromiso de intentar solventar los problemas” crónicos de la administración, reconociendo abiertamente “unos déficits de recursos humanos muy importantes”.

Para hacer frente a esta situación y dotar de medios a la justicia, Cañizares ha aportado cifras y medidas concretas, como los “236 refuerzos en toda Andalucía”, y ha anunciado se cubrirán “95 plazas judiciales y 36 de fiscales”. Igualmente, ha adelantado el compromiso autonómico de dotar de infraestructura y ordenadores a los nuevos despachos y de incorporar a 160 funcionarios. En estas jornadas también intervendrán el magistrado de lo Penal de Córoba José Ignacio Vilaplanza y el jefe de Vigilancia Aduanera de Córdoba, Antonio Sánchez Jiménez.