La Justicia da la razón a un padre cordobés de 39 años con esquizofrenia grave y le otorga una gran incapacidad
Francisco (nombre ficticio) tiene ahora 39 años. Hasta 2020, tenía una vida relativamente normal. Era autónomo y trabajaba en el sector del comercio. Seis años después, tanto su realidad como la de su familia ha dado un vuelco de 180 grados después de que se le haya detectado una esquizofrenia grave que le hace imposible llevar a cabo los actos más esenciales para llevar a cabo una vida digna. Pese a todo, tanto el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) como un juzgado de Córdoba le denegaron el grado máximo de discapacidad. Ha sido el Tribunal Superior de Justicia quien ha corregido a estas dos instancias, otorgándole una gran incapacidad, lo que anteriormente se consideraba una gran invalidez.
Según la sentencia, a la que ha accedido este periódico, este hombre sufrió una devastadora progresión del trastorno mental desde febrero de 2020, apenas un mes antes de irrumpir la pandemia del coronavirus. En sus primeras visitas a la Unidad de Salud Mental de un centro médico de Córdoba comentó sus graves alteraciones de conducta compatibles con síntomas psicóticos. Se levantaba por las noches alterado y asustado afirmando que habían entrado intrusos en su vivienda y cogía un cuchillo “para defenderse” mientras recorría las habitaciones. Paralelamente, desarrolló ideas delirantes de perjuicio, acusando a los vecinos de entrar a su casa a robar (llegando a agredir a alguno) y protagonizando peleas en centros comerciales y empleos al creer que le iban a atacar. Tuvo, incluso, un ingreso en prisión tras agredir a una persona al pensar erróneamente que le perseguía con el coche. Asimismo, empezó a acusar con frecuencia a su mujer de querer envenenarle.
Tras abandonar el tratamiento prescrito a finales de 2020, el trabajador volvió a consulta en febrero de 2022 por nuevos episodios de agresividad y una tentativa de suicidio. Para el verano de ese mismo año, la situación en el hogar familiar era aún peor, con continuos altercados y acusando tanto a su esposa como a su madre de estar en su contra.
Los delirios comenzaron dos años después de la primera consulta
Entre 2022 y 2023, y pese a que participó en diversos ensayos farmacológicos, su estado siguió empeorando. El relato de la sentencia es durísimo, dejando constancia de que el hombre afirmaba tener un amigo imaginario y que hablaba con Dios. Bajo esa influencia delirante, llegó a manifestar que su hija pequeña tenía un demonio y, posteriormente, a ver un aura en ella creyendo que se trataba de la Virgen María, sorprendiéndole en consulta musitando y respondiendo a voces no presentes.
Ya a principios de 2023, se negó a salir de la vivienda, permaneciendo ensimismado en rincones oscuros de la casa con las persianas bajadas, asustado y escondiéndose entre los sofás. Perdió peso de forma notable y se oponía tanto a su aseo personal como a comer. Entonces, los médicos indicaron la necesidad de un ingreso hospitalario involuntario urgente, pero la familia se negó, hecho que fue comunicado a la Fiscalía de Córdoba.
El último informe, de octubre de 2025, constató que el hombre se encuentra psicopatológicamente estabilizado, aunque su empeoramiento es tal que no es capaz de mantener el autocuidado, la higiene personal o la toma regular de la medicación sin la tutela y la intervención constante de sus cuidadoras. Antes de este informe, en junio de 2023, el INSS le reconoció una incapacidad permanente absoluta dado que sus patologías psiquiátricas le inhabilitaban por completo para trabajar. Sin embargo, le negó la gran incapacidad al considerar que no quedaba acreditada la necesidad de auxilio de terceras personas.
La familia recurrió la resolución ante un juzgado de Córdoba, que en diciembre de 2025 tampoco le dio la razón. Sin embargo, el TSJA sí ha considerado que este hombre debe tener la gran incapacidad porque ha quedado demostrada la necesidad de que una persona esté a su lado “para la realización de la mayoría de actos básicos de la vida diaria”, aunque dicha dependencia física no sea durante las 24 horas del día.
En consecuencia, el TSJA ha condenado al INSS y a la Tesorería General de la Seguridad Social a abonar la pensión correspondiente con los complementos e incrementos económicos legalmente previstos para retribuir la labor de los cuidadores.
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