La justicia militar aún espera que el juzgado de Córdoba se inhiba para poder investigar el atropello mortal en la base de Cerro Muriano
La investigación judicial por la muerte del soldado atropellado por un camión militar en la base de Cerro Muriano continúa pendiente de que se resuelva qué jurisdicción debe hacerse cargo de la causa. Según ha podido saber este periódico, la justicia militar está a la espera de que el juzgado ordinario de Córdoba se inhiba a su favor para poder asumir la instrucción de los hechos, ocurridos el pasado 22 de octubre en las instalaciones de la Brigada Guzmán el Bueno X.
Tal y como ha podido conocer Cordópolis, el Juzgado Togado Militar Territorial número 21 de Sevilla se dirigió a la plaza número 8 del Tribunal de Instancia de Córdoba el mismo día del accidente para reclamar la causa mediante un requerimiento de inhibición a favor de la jurisdicción militar. Sin embargo, este continúa pendiente de respuesta.
De esta manera, la jurisdicción castrense ya ha manifestado su voluntad de hacerse cargo de la investigación judicial, aunque todavía no consta que el órgano judicial cordobés haya aceptado cederle la competencia. La decisión del juzgado ordinario será determinante para conocer qué órgano continuará con la instrucción y esclarecerá las circunstancias del fallecimiento, así como las posibles responsabilidades penales que pudieran derivarse.
La Guardia Civil asumió inicialmente la investigación
El accidente se produjo durante la mañana del jueves 22 de octubre, entre las 9:30 y las 10.00, en el interior de la base militar de Cerro Muriano. El fallecido es un joven soldado de la Brigada Guzmán el Bueno X, S.A.C., que había ingresado en el Ejército de Tierra en 2025 y estaba destinado en el Batallón de Cuartel General de la unidad.
En el siniestro estuvo implicado un camión de la propia base. Tras recibir el aviso del atropello, efectivos de la Guardia Civil se desplazaron hasta las instalaciones militares y asumieron inicialmente las diligencias para esclarecer lo ocurrido. La autoridad judicial autorizó el levantamiento del cadáver antes de las 13:00 de aquella jornada.
El Ejército de Tierra trasladó entonces sus condolencias a los familiares, allegados y compañeros del militar fallecido, mientras que el Ministerio de Defensa también expresó públicamente su pesar por el suceso.
La cuestión de la competencia judicial se produjo también en 2023 tras las muertes del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar y el soldado Carlos León Rico, quienes fallecieron durante unas maniobras en un lago artificial de la base.
En aquel caso, el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba también recibió un requerimiento de inhibición del Juzgado Togado Militar Territorial número 21 de Sevilla. Finalmente, el magistrado acordó ceder la investigación a la jurisdicción militar en enero de 2024, una decisión que fue posteriormente confirmada por la Audiencia Provincial de Córdoba en febrero de ese mismo año.
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