Un jurado popular juzgará la muerte de Tulia a manos de su exmarido
El crimen por la muerte de Tulia, que tuvo lugar el pasado mes de abril en La Fuensanta, se juzgará por jurado popular. Así ha quedado constancia este lunes en una audiencia que se ha celebrado en la plaza número 2 de la Sección de Violencia contra la Mujer y en la que ha quedado patente la diferencia de criterio entre las acusaciones y la defensa. Mientras que las primeras consideran que los hechos son constitutivos de asesinato con alevosía y las agravantes de género y parentesco, la defensa del único acusado -Francisco L.A. y exmarido de Tulia- sostiene que se trata de un homicidio. Sea como fuere, el caso será juzgado bajo el Tribunal del Jurado.
Hay que recordar que el imputado y la víctima estuvieron casados desde 1999 y 2006, y tienen dos hijos en común. El 11 de abril de este año, el juzgado de guardia impuso al acusado una orden de protección que le prohibía aproximarse a menos de 500 metros de Tulia, de su domicilio o de cualquier lugar donde se encontrara, así como la prohibición de comunicarse con ella. Ambos estaban notificados y citados para comparecer el 13 de abril a las 10:00 ante el juzgado de Violencia sobre la Mujer.
Según recoge la Fiscalía por todos los indicios recogidos hasta el momento, durante la madrugada de ese día, el acusado accedió y permaneció oculto en la vivienda del piso superior, justo encima de donde vivía la víctima, aguardando su salida o regreso. Sobre las 8:40 de ese mismo día, Tulia volvió a su piso tras pasear a su perro. Mientras subía por las escaleras del edificio acompañada a corta distancia por una vecina, Francisco L.A. bajó de la tercera planta y, sin mediar palabra ni discusión previa, se abalanzó contra ella.
Le asestó cuatro puñaladas con un machete de 46 centímetros: tres de ellas fueron asestadas al corazón y la cuarta, al pulmón. Para el Ministerio Público, el ataque fue totalmente sorpresivo en las reducidas dimensiones del descansillo, anulando cualquier posibilidad real de defensa o huida, y ejecutado con desprecio a la víctima por su condición de mujer. Tulia cayó al suelo, falleciendo en el acto. Tras la agresión, el investigado regresó a su piso a ocultar el arma, volvió poco después al descansillo para apoderarse de las llaves de la víctima, accedió al piso de Tulia para meter a su perro, cerró la puerta y guardó las llaves en su vivienda. El informe médico-forense concluyó que el acusado no presentaba ningún trastorno psíquico ni afectación en sus capacidades cognitivas o volitivas en el momento de los hechos.
Por todo ello, la Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito consumado de asesinato con alevosía con las agravantes de parentesco y género, sumado a un delito de quebrantamiento de medida cautelar. A este escrito e imputación se adhirieron de manera íntegra la abogada de la Junta de Andalucía y la acusación particular liderada por el letrado José Palomino.
La defensa sostiene la calificación de homicidio
Por su parte, la letrada del acusado se opuso de forma frontal a la imputación de asesinato y reclamó que los hechos se califiquen exclusivamente como un delito de homicidio. Para la defensa es clave la declaración de la única testigo de los hechos, quien afirmó que el apuñalamiento fue “cara a cara” y de frente, “por lo que no habría alevosía”. Asimismo, descartó la existencia de ensañamiento sosteniendo que la primera puñalada fue la que produjo la muerte a Tulia y no las demás.
Asimismo, la defensa alegó atenuantes de arrebato, obcecación o “estado pasional” derivadas de un cuadro depresivo diagnosticado en septiembre de 2025 tras un intento de suicidio, y solicitó sobreseer o excluir el delito de quebrantamiento de medida del procedimiento del Jurado por falta de conexidad.
En su intervención, la magistrada del juzgado manifestó que la causa se mantendrá bajo el trámite del Tribunal del Jurado y admitió las pruebas testificales propuestas por las acusaciones (las declaraciones de la hija común de la expareja, la del hermano del acusado y la de la hermana de la víctima), la aportación del testimonio de la orden de alejamiento quebrantada y la apertura de la pieza separada para conocer el patrimonio del investigado de cara a una indemnización.
De igual modo, acordó la comparecencia de dos familiares propuestos por la defensa, aunque rechazó por prematuras las solicitudes de ampliación o aclaración de los informes médico-forenses hasta contar con el dictamen definitivo de autopsia.
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