Denuncian una actuación “desproporcionada” de la policía con “agresiones e insultos” en la manifestación de este domingo

Este domingo ha sido el día elegido por los diferentes sindicatos y Stop Desahucios para que se celebre la manifestación por la vivienda que se suspendió el 11N por las inclemencias meteorológicas. Esto se ha traducido en que unas 10.000 personas, aproximadamente, han recorrido las calles en busca de defender dicho derecho. Sin embargo, Movimiento por la Vivienda de Córdoba ha emitido un comunicado donde denuncia una actuación policial polémica.

El aspecto central del comunicado, que ha sido remitido a los medios de comunicación, se centra en denunciar una actuación policial que han calificado de “totalmente desproporcionada” y orientada a defender los intereses patronales. De acuerdo con el escrito, durante el desarrollo de la marcha los efectivos policiales impidieron el derecho a informar pacíficamente, registrándose agresiones, insultos, identificaciones arbitrarias y multas a varias de las participantes en lo que definen como un intento deliberado por reventar la manifestación.

Esta situación en el plano municipal se enmarca en un balance represivo de ámbito estatal que, según detallan las fuentes sindicales y sociales, se ha saldado con decenas de heridos y personas detenidas. El comunicado precisa que a lo largo de las movilizaciones los colectivos huelguistas sufrieron más de 25 cargas policiales y nueve atropellos en distintos puntos.

Como consecuencia de los hechos acaecidos durante las marchas, las organizaciones han solicitado responsabilidades políticas de primer nivel. En concreto, el manifiesto exige la dimisión inmediata del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que señalan como máximo responsable de la represión, así como la renuncia de la Subdelegada del Gobierno en la provincia, Raquel Casado.

Por último, el comunicado concluye cuestionando que la participación electoral sea la única vía útil para la transformación social. Ante ello, el escrito hace un llamamiento directo a trabajadores y vecinos para articular estructuras colectivas en los centros de trabajo y barrios, con el objetivo de defender los derechos laborales y combatir la especulación inmobiliaria.