Las familias de los militares ahogados en Cerro Muriano confirman sus peticiones de cárcel para los mandos investigados

El Juzgado Togado Militar número 21 de Sevilla ha escuchado este lunes a las partes del procedimiento relativo a la investigación de la muerte del soldado Carlos León Rico, de 24 años y natural de El Viso del Alcor (Sevilla), y del cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez Andújar, en unas maniobras en la base de la Brigada Guzmán el Bueno X de Cerro Muriano (Córdoba), en torno a las medidas cautelares de prisión preventiva solicitadas por la primera de las acusaciones respecto al capitán investigado en la causa y respecto a este oficial y además el sargento y el teniente también investigados, en el caso de la familia del cabo fallecido.

El abogado Luis Romero, que representa a la familia del soldado Carlos León Rico, ha explicado que durante esta sesión convocada por dicha instancia judicial en torno a las medidas cautelares, él ha confirmado su petición de prisión provisional respecto al capitán investigado, con la precisión de que respecto al sargento y el teniente también investigados en el caso decidirá “más adelante” su propuesta, considerando que primero deben comparecer en sede judicial.

Y es que según ha precisado, los tres oficiales investigados han declarado ante la Guardia Civil, pero no en sede judicial, motivo por el cual al comenzar la sesión este abogado pidió la suspensión de la misma, al atisbar una posible situación de “indefensión”. También había solicitado la suspensión de la sesión por los posibles “defectos de forma” derivados de que la misma comenzase con la participación de las partes mediante diferentes fórmulas, es decir presencialmente, por videoconferencia y por teléfono abierto mediante el sistema de manos libres.

En cualquier caso, ha explicado que durante este acto, él ha confirmado su petición de cárcel provisional para el capitán, mientras la representación de la familia del cabo fallecido habría ratificado su solicitud de prisión provisional para dicho mando y además para el sargento y el teniente también investigados, pesando según ha narrado las palabras del sargento, quien mediante videoconferencia habría asegurado que es “inocente”.

Tras ello, según el letrado Luis Romero, el tribunal ha quedado pendiente de dictar resolución sobre estas peticiones de prisión provisional, anunciando además que en las próximas semanas serán puestas sobre la mesa diferentes diligencias de investigación.

Según la acusación particular que ejerce la familia del soldado sevillano fallecido, de los hechos serían responsables el general de la Brigada X Guzmán el Bueno del Ejército de Tierra, dos coroneles, tanto el que aprobó las maniobras como el que estaba al mando aquel día; el teniente coronel, el comandante, el capitán, dos tenientes y el sargento, unos como autores y otros como cooperadores necesarios.

Sin medidas de seguridad

Y es que en la maniobra, le fue ordenada a la tropa atravesar un lago artificial de la base de Cerro Muriano “sin contar con las más elementales medidas de seguridad adecuadas para la práctica, asumiendo” los citados mandos militares “el riesgo extremo que con ello se podría ocasionar, a sabiendas de forma consciente y contemplando que lo más probable es que en caso de que ocurriera una situación como la que ocurrió, no se contaba con las medidas de seguridad adecuadas”, según el letradi Luis Romero.

“Eran plenamente consciente de ello, pues muchos de los testigos narran que le habían propuesto dejarlo para otro día, pero el Capitán no quiso. En esta línea, llama la atención lo manifestado por un soldado, refiriendo que el capitán dijo: 'Me suda la polla todo, todo el mundo para adentro'”, detalla el relato de esta acusación particular. Al hilo, señala los testimonios que “refieren que algunos soldados tragaron mucha agua y se desmayaron, quedaron inconscientes y perdiendo el conocimiento, y otros llegaron a sufrir hipotermia, dañando la integridad física de muchos de los participantes” en el ejercicio.

No quiso “aplazar la práctica”

Para el letrado, pesa “la imputación objetiva en el presente supuesto, pues el capitán se hallaba en posición de garante, habiendo podido evitar el fatal resultado de dos muertes mediante la acción que le era exigible y ha omitido, en este caso, asegurarse de disponer de las medidas de seguridad adecuadas; y en caso de que no se tuvieran, haber aplazado la práctica, algo que fue propuesto por muchos de los soldados”.

Además, añade que el coronel que aprobó la maniobra sabía que la misma no estaba incluida en el Plan de Instrucción Básico de un soldado de infantería. “Las demás figuras referidas forman parte de la cadena de mandos responsables y transmiten las órdenes del coronel, personas que deberían haber supervisado que todo fuera correcto y estuviera legalmente establecido, algo que tampoco se hizo”.

En ese sentido, advierte de que el Juzgado Togado Militar Territorial número 21 de Sevilla “tiene competencia para conocer de los hechos delictivos cometidos hasta el capitán en el escalafón militar del Ejército de Tierra”, pero en este caso “también son responsables los oficiales que van por arriba” en la cadena de mando.

No era una “línea de vida”

Y de nuevo, la acusación particular insiste en que la supuesta “línea de vida” instalada en el lago “no era tal, sino que simplemente era una cuerda guía, que además parece ser que fue soltada por las personas que se encontraban en la orilla, obedeciendo la orden del capitán”. Todo, ello, en un marco en el que “no había ningún socorrista ni equipos de salvamento (tales como flotadores salvavidas, etc.) ni personal para ello al lado del lago supervisando la práctica de la maniobra de vadeo”; así como tampoco había “ambulancia ni personal sanitario o facultativos de emergencia”.

Esta acusación particular avisa además de que la mochila del soldado Carlos León Rico “pesaba casi 12 kilos, siendo este peso junto al fusil, el casco, las botas militares, la uniformidad militar con chaqueta y pantalón un peso demasiado elevado para la práctica de vadeo.