Condenan a la Junta a pagar más de 400.000 euros a una empresa tras las inundaciones de 2010 en Córdoba
El agua, que en invierno de 2010 lo cubrió todo en la ribera del Guadalquivir, sigue dejando su rastro en los juzgados. Quince años después de aquellas lluvias que anegaron fincas y terrenos en el término municipal de Córdoba, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado la razón a la empresa Galpac Áridos Construcciones y Promociones S.L., que reclamaba los daños sufridos tras la inundación de la cantera que explotaba en Majaneque, situada junto al cauce del río.
La sentencia, que hace suyos los argumentos que ya esgrimió la Audiencia Nacional en sentencias condenatorias de 2013 y 2014, declara la responsabilidad patrimonial de la Junta de Andalucía por la “defectuosa gestión de los desembalses” durante el temporal de diciembre de 2010. Según el fallo, la administración autonómica deberá abonar a la empresa una indemnización de 435.711 euros, más los intereses correspondientes y la actualización según el índice de garantía de competitividad.
No fue la lluvia, sino la gestión
El tribunal ha desmontado el argumento de la Junta, que durante años ha sostenido que las precipitaciones de aquellos días fueron “extraordinarias” e imposibles de prever. En cambio, el TSJA asume las conclusiones del informe de la Universidad de Córdoba (UCO), que ya advertía en 2011 que las lluvias “no fueron ni torrenciales ni excepcionales” y que los embalses “se encontraban casi al 100 % de su capacidad” sin haberse realizado desembalses preventivos.
“El resguardo de seguridad en los embalses debería haber estado entre el 15 y el 25 %”, ha recordado la Sala, por lo que mantenerlos tan llenos al inicio del invierno fue una “gestión arriesgada”. Además, el tribunal ha considerado acreditado que la falta de mantenimiento de los cauces y su progresiva colmatación contribuyeron al desbordamiento del Guadalquivir, que terminó anegando las instalaciones de Galpac.
La reclamación original fue presentada por la compañía en febrero de 2012, pero durante más de una década el expediente ha navegado entre inadmisiones, revisiones de oficio y recursos contenciosos. No fue hasta 2020 cuando una primera sentencia obligó a la Junta a reabrir el procedimiento. En 2022 se retrotrajo el expediente y, en 2024, la Administración volvió a rechazar la indemnización, alegando falta de nexo causal.
El TSJA, sin embargo, ha concluido ahora que sí existe relación directa entre la gestión autonómica y los daños sufridos en la cantera. De los más de 750.000 euros que reclamaba Galpac, el tribunal reconoce finalmente 435.711 euros, correspondientes al valor de la maquinaria dañada y al coste de restitución del terreno.
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