La Audiencia de Madrid ordena a un juez que investigue a un tertuliano denunciado por un colectivo gitano

La Sección número 15 de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 23 que investigue como un presunto delito de odio las declaraciones de un tertuliano del programa El gato al agua, que ha sido denunciado por la asociación de Juristas Gitanos, representada por el abogado cordobés Marcos Santiago Cortés.

Esta asociación denunció al tertuliano Eduardo García Serrano por sus afirmaciones en el programa El gato al agua del canal televisivo El Toro TV del pasado 30 de julio de 2020. Tras su denuncia, el juez decidió sobreseerla, al entender que no había indicios de delito de odio. No obstante, tanto la asociación como la Fiscalía recurrieron a la Audiencia, al entender que ni siquiera se habían practicado diligencias para llegar a esa conclusión. Ahora la Audiencia de Madrid le ordena que practique las correspondientes diligencias para determinar la existencia o no del delito de odio.

En concreto, las declaraciones denunciadas se produjeron “en el seno de una discusión mediática surgida en relación a las declaraciones vertidas” por el entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en las que pedía perdón en nombre del Gobierno de España al pueblo gitano por los actos de persecución que había sufrido a lo largo de la historia. Según consta en el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, “el investigado al ser preguntados los contertulios sobre si se debería pedir perón colectivamente al pueblo gitano” aseguró que “deberían ser los gitanos los que pidieran perdón a nosotros, porque les hemos consentido, desde hace años, crear un estado tribal, un estado de clanes, dentro de un Estado moderno”.

En el auto de la Audiencia de Madrid continúa el relato de estas declaraciones: “Los gitanos, generalmente salvo honrosas excepciones, que haberlas las hay, no se retratan en la Agencia Tributaria, y a ver si te enteras excrecencia comunista de Pablo Iglesias, no votan porque la mayoría de ellos ni siquiera se dan de alta cuando nacen en el Registro Civil. Lo hacían para evitar el servicio militar, ser llamados al servicio militar. La mayoría de ellos conducen ¿Eh? conducen como conducen y la Guardia Civil lo sabe (…). ¡Pero vamos a ver! ¿Quién tiene que pedir perdón a quién?. Y aquellos payos que viven cerca de un asentamiento gitano pues saben de los que estoy hablando (…) imparten su justicia al margen de la justicia del Estado”.

Por ello, los jueces de la Sección número 15 de Madrid entienden que “los hechos denunciados deben ser, al menos investigados pues dichas declaraciones podrían ser constitutivas de un delito de odio del artículo 510.2 a), no siendo el momento inicial en que se interpone la denuncia, cuando se debe valorar la ponderación que efectivamente en estos supuestos se ha de haber entre las expresiones proferidas y su ofensa o lesión que puedan causar, y la libertad de expresión, sino que habrá de realizarse al menos una mínima instrucción para verificar la difusión y repercusión de las mismas, realizar el pertinente ofrecimiento de acciones a fin de verificar la dimensión y entidad de dichas expresiones entre el pueblo gitano y tomar declaración al denunciado a fin de que pueda dar una explicación sobre las mismas”.