Tres imputados por los daños arqueológicos en Ategua
La Policía Autonómica localiza a los tres responsables de haber arado una finca repleta de restos que han quedado “prácticamente destruidos” en su mayor parte
La Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta de Andalucía ha imputado a tres personas un delito contra el patrimonio histórico por realizar labores de arado en una finca aledaña al yacimiento arqueológico de Ategua en la provincia de Córdoba, según ha informado la Junta de Andalucía a través de una nota de prensa.
Agentes del Área de Protección Medioambiental de la Jefatura Provincial de Córdoba, en colaboración con el arqueólogo de la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura en la provincia, comprobaron que, como consecuencia de las labores de labranza, habían aflorado a la superficie numerosos restos arquitectónicos de la época romana, datados del siglo III después de Cristo.
Durante la inspección ocular en la finca afectada se localizaron sillares de gran volumen, fragmentos de columnas, de cerámica, opus signinum, restos de un muro, tegulas, etcétera, y se pudo comprobar que la gran mayoría de objetos presentaban lesiones producidas por la maquinaria agrícola o habían quedado prácticamente destruidos, evidenciando el enorme e irreparable daño que se había producido en el patrimonio histórico de la zona.
Los agentes de la Policía de la Junta han remitido todas las actuaciones al Juzgado de Instrucción de Guardia, así como a la Sección Especial de Medioambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Córdoba y a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía.
El Yacimiento Ategua fue declarado Monumento Histórico-Artístico mediante Real Decreto 3241/1982 de 12 de noviembre y tiene la consideración de Bien de Interés Cultural en virtud de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
La finca, de propiedad privada, se encuentra en la zona de afección del citado Yacimiento Arqueológico de Ategua. Esto conlleva una serie de requisitos administrativos para poder efectuar, entre otras actividades, movimientos del terreno. Para ello es necesaria la preceptiva autorización de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, de la que en este caso carecía.
Todos estos extremos fueron recogidos en el informe técnico elaborado por la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura en Córdoba, y que sirvió de base para el inicio de la investigación.
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