Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio piden al Ayuntamiento que exija un protocolo Covid a la empresa concesionaria

Cadena humana de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio | ALEX GALLEGOS

Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio municipal, gestionado por la empresa Servisar Domusvi, siguen denunciando la situación de “precariedad salarial y sanitaria” en la que se encuentran a pesar de que son “un servicio público esencial”. Por ello, han demandado al Ayuntamiento de Córdoba, responsable último del cumplimiento del servicio, que exija un protocolo Covid a la empresa concesionaria.

En declaraciones a los periodistas antes de iniciar una cadena humana de 25 personas desde el Ayuntamiento a la puerta de la empresa concesionaria, las delegadas sindicales Rosario Crespo (UGT) y Charo López (CTA), han vuelto a denunciar la falta de material de protección ante el Covid-19 en su labor con personas dependientes durante toda la pandemia, ya que solo reciben una mascarilla quirúrgica para acudir a los domicilios que visitan, en los que tampoco hay protocolo de actuación.

Además, han asegurado que, según los últimos datos de los que disponen, en el mes de octubre se han producido siete contagios entre el personal y 31 confinamientos por riesgo de coronavirus. A pesar de ello, aclaran que la empresa no está haciendo PCR a las trabajadoras que se reincorporan tras el periodo de aislamiento, lo que supone un riesgo de contagio exponencial, en tanto a que, cada una de las 950 empleadas, visita entre tres y cinco domicilios de personas de riesgo al día.

Crespo, por su parte, ha recalcado que la empresa está en estos momentos en periodo de licitación y las trabajadoras siguen a sueldo de Domusvi hasta que se formalice un nuevo contrato. En cualquier caso, creen que es el Ayuntamiento, como responsable civil subsidiario de este servicio, el que debe velar por la seguridad de las trabajadoras y del propio servicio de Ayuda a Domicilio, y no dejarlas “al mejor postor”, sin ejercer ningún control.

Para la plantilla, la situación es “insostenible”, con compañeras comprando sus propios equipos de protección y algunas de las trabajadoras acudiendo durante varios días seguidos a domicilios a pesar de que están esperando para que les hagan una PCR.

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