El Supremo analiza hoy los recursos del caso Malaya, entre ellos el de Gómez

El empresario y líder de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba fue condenado a una pena de seis meses de cárcel por cohecho y al abono de una indemnización de 150.000 euros. Las vistas se prolongarán hasta el viernes

El Tribunal Supremo celebra desde hoy y hasta el viernes las vistas para atender los recursos planteados tras las sentencias del gran caso de corrupción urbanística de España, el caso Malaya. Entre los condenados, ahora recurrentes, se encuentra el empresario y líder de Unión Cordobesa, principal partido de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Gómez que fue condenado a una pena de 6 meses de cárcel, sustituibles por multa, por un delito de cohecho con la atenuante de detención irregular y al abono de una indemnización de 150.000 euros. La petición de pena que reclamaba el Ministerio Fiscal ascendía a 18 meses.

Dado el volumen de los recursos y el número de afectados, más de medio centenar, las sesiones se celebrarán durante los próximos tres días en el Alto Tribunal. Ante él comparecerán tanto los condenados, como las acusaciones, caso de la Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía, que también han impugnado el fallo de la Audiencia Provincial de Málaga y reclaman que se endurezcan las penas contra gran parte de los condenados, al igual que solicita que se aumente la cuantía de varias de las sanciones impuestas.

Rafael Gómez fue detenido en junio de 2006 en una segunda fase de arrestos dentro de la operación Malaya y trasladado a la Comisaría de Málaga, donde permaneció retenido varios días. La acusación contra el entonces empresario se centraba en que habría entregado 600.000 euros a otro de los principales imputados, Juan Antonio Roca, a cambio de conseguir recalificaciones de locales comerciales. Poco después fue puesto libertad tras el pago de la fianza de 300.000 euros. En 2008 la Policía Nacional efectuó registros en las instalaciones de algunas de sus empresas y encontró 410 cuadros, aunque el empresario negó que fueran de su propiedad o tuvieran algo que ver con él.