CSIF pide al SAS que habilite un régimen sancionador contra las agresiones a sanitarios
El sindicato CSIF apremia al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que se disponga cuanto antes de un régimen sancionador contra las agresiones al personal de la sanidad pública, una reivindicación que la central sindical lleva años reclamando y que la propia consejera de Salud y Consumo, Catalina García, anunció que materializaría hace ahora casi un año.
Tras conocer los datos difundidos por el SAS sobre el primer semestre de 2024, que apuntan a un incremento del 7% respecto al mismo periodo del año pasado en Córdoba, la responsable provincial de CSIF Sanidad, Josefa Díaz Ontiveros, considera que “urge que se publique dicho régimen sancionador aplicable a las conductas violentas hacia empleados y empleadas del sector sanitario porque, sin duda, constituiría un elemento disuasorio de primera magnitud”.
La representante sindical informa de que en Córdoba se registraron un total de 98 agresiones en la primera mitad de este año e incide en la necesidad de que se adopten medidas para frenar este tipo de situaciones, especialmente en Atención Primaria, donde se producen seis de cada diez ataques al personal que trabaja en la sanidad pública cordobesa. “Debería ser una prioridad para la Administración contar con este régimen sancionador, como una de las medidas para mejorar las condiciones en las que desempeñan su trabajo los profesionales del SAS, algo que redundaría también en el aumento de la calidad de los servicios prestados a nivel asistencial”, según subraya Díaz Ontiveros.
Asimismo, CSIF Sanidad Córdoba reclama que se aceleren los trámites para la creación efectiva del Observatorio de Agresiones a Profesionales del SAS después de que se hayan acentuado los episodios violentos contra profesionales. De hecho, las organizaciones sindicales sólo cuentan por el momento con un borrador de decreto para regular dicho organismo que, además, deja fuera a profesionales a los que se debería incluir.
El Observatorio de Agresiones a Profesionales del SAS se plantea como herramienta útil para aportar ideas, planes y evaluar las medidas aplicadas por la Junta para combatir las agresiones a personal de la sanidad pública. En él participan responsables de colegios profesionales, sindicatos, asociaciones de pacientes, sociedades científicas, Fiscalía y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de miembros de la Administración andaluza, tanto de la Consejería de Salud y Consumo como de la de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
A juicio de CSIF, dicho organismo debería incluir a todos los colegios profesionales cuyos integrantes se encuentran en situación de mayor riesgo por el trabajo que desempeñan, como por ejemplo los veterinarios o los farmacéuticos, que no están incluidos, y que son los profesionales que realizan las inspecciones sanitarias en establecimientos comerciales y de hostelería y que en muchas ocasiones se enfrentan a situaciones amenazas y agresiones.
La responsable del Sector de Sanidad de CSIF Córdoba urge a la Administración a revisar el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, cuya evaluación anual aún está pendiente, y subraya que “en ningún caso podemos normalizar las conductas violentas que sufre el personal de la sanidad pública y que, lamentablemente, se producen cada vez con mayor frecuencia e incluso con reincidencia”.
Desde CSIF Sanidad, “entendemos que hay muchas formas de manifestar el desacuerdo a un profesional, pero nunca está justificada la violencia”, manifiesta Díaz Ontiveros, quien insiste en la necesidad de que se publique el régimen sancionador para estas conductas.
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