Caso cerrado: el camino de La Palomera es público y no de los maristas
El Camino de La Palomera es público y no de la Hermandad de Los Maristas a su paso por el Castillo del Maimón. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le ha vuelto a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba y a los vecinos de la asociación de La Palomera que han impulsado un proceso judicial que ha durado más de una década. El tribunal no solo ha desestimado el recurso de los Maristas sino que también ha rechazado una aclaración de la sentencia que pedían, en la que de manera muy taxativa y hasta vehemente los jueces vienen a decir que el camino es público y que poco más hay que aclarar.
Fue en 2010 cuando los maristas presentaron inicialmente el plan ante Urbanismo, en el que contemplaba el camino de la Palomera como privado. Sin embargo, la Gerencia Municipal de Urbanismo planteó ya desde 2012 que el sendero era público y los maristas debían presentar un documento del plan especial acorde con esta designación. El expediente abierto para este asunto se llegó a declarar caducado en 2015, como constan en los antecedentes del trámite. Ya en 2017, los maristas volvieron a presentar un nuevo texto en Urbanismo y, a la vez, un recurso a la caducidad del expediente anterior, que no se ha admitido a trámite.
Los maristas presentaron un plan especial en suelo no urbanizable del Castillo de Maimón en 2017. La GMU argumentó que en el documento no se cumple con la identificación del camino de la Palomera como camino público. El informe de Urbanismo se refiere a la sentencia de noviembre del 2017 que dio la razón al Ayuntamiento y dictaba que el camino de la Palomera es público. Sin embargo, los maristas volvieron a presentar un documento nuevo ante Urbanismo después de esa sentencia. El Pleno volvió a rechazar el plan y los Maristas acudieron de nuevo a los juzgados en 2018, donde han vuelto a perder el caso.
Los Maristas llegaron a denunciar a un funcionario del Ayuntamiento. La hermandad religiosa consideraba que se había cometido un presunto delito de falsedad y otro de prevaricación por parte de un técnico de la Gerencia, el responsable de la Oficina de Patrimonio, para incluir el camino dentro de su propiedad y, de esta manera, motivar la paralización del Plan Especial. Los jueces archivaron la causa contra el funcionario público, al que acabaron por dar la razón en todos sus argumentos.
Como aseguran desde la asociación de vecinos de La Palomera, “los vecinos y vecinas del Barrio del Naranjo y otras organizaciones, han jugado un papel fundamental en este proceso, organizando concentraciones y manifestaciones para exigir que este acceso siga siendo público. Este logro no solo significa un triunfo legal, sino también un reconocimiento a la fuerza colectiva de quienes defienden el patrimonio común, la accesibilidad y el derecho de todos a disfrutar de los recursos naturales del municipio”.
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