Unas 40 personas fueron identificadas por participar en la tractorada de Córdoba

La Guardia Civil identificó a unas 40 personas que participaron este martes en la tractorada que paralizó el tráfico rodado en las carreteras de la provincia de Córdoba, y que sólo contó con convocatoria oficial en dos puntos (la zona norte y la carretera de Granada).

Según la información a la que ha accedido este periódico, el Instituto Armado identificó este mates a cerca de 40 manifestantes por participar en la protesta que no había sido comunicada en tiempo y forma de acuerdo con la normativa vigente. Se entiende, por tanto, que las personas identificadas formaban parte de la comitiva de tractores y vehículos que partía hacia Córdoba desde la zona de La Carlota, Aldea Quintana y Fuente Palmera, toda vez que la Subdelegación sí había recibido convocatoria oficial de las marchas organizadas desde Castro del Río a Córdoba y desde Fuente Obejuna a Espiel. 

Por el momento, lo que hay es un acta, que podría derivar en una sanción administrativa o penal. Las organizaciones agrarias advirtieron de esto mismo el pasado lunes, cuando justificaban su negativa a secundar la marcha de tractores convocada por la Agrupación de Agricultores y Ganaderos del Sector Primario, una organización desconocida en la provincia, que ha sido la que ha movilizado tractoradas en muchos otros puntos de España.

La Policía Nacional, por su parte, que se encargaba del control en Córdoba capital, no identificó a ningún participante. Ello a pesar de que tuvo que frenar un amago de corte de la autovía a través del puente de El Arenal.

En el conjunto regional, la Delegación del Gobierno ha informado de que la Guardia Civil ha levantado 1.375 actas de denuncia en la comunidad por incumplimiento de la ley de tráfico y por la de seguridad ciudadana. Asimismo, asegura que tanto la Policía Nacional como la Benemérita están visionando las cámaras para identificar los vehículos que han obstaculizado las vías de comunicación durante este martes, al haber sido protestas sin autorizar.

Las sanciones a las que se enfrentan los participantes son las recogidas en la llamada Ley mordaza, que estipula distintos niveles en función de si se consideran leves, graves o muy graves. El precio a pagar va, de 100 a 600 para las leves, de 601 a 30.000 para las graves, y de 30.001 a 600.000 para las muy graves.