Las víctimas de Adamuz exigen a Europa que intervenga ante las “deficiencias” del ferrocarril en España
La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, representadas por el abogado Antonio Benítez Ostos, ha comparecido formalmente ante la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) para exigir una “intervención urgente” tras el trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas y más de 120 resultaron heridas.
Transcurridos prácticamente ocho meses desde el siniestro, la Asociación ha presentado una denuncia administrativa ante las autoridades europeas. Este incluye diligencias de la Policía Judicial y de Criminalística de la Guardia Civil que “acreditan cómo el carril siniestrado presentaba una rotura franca desde bastantes horas antes del impacto”. La Asociación se suma así a los requerimientos preliminares de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), denunciando una deficiencia estructural en el sistema actual que no alerta en tiempo real de la rotura de una vía.
El escrito elevado a Europa advierte de que el sistema ferroviario español acumula “más de cien roturas de vía al año”. Asimismo, se aportan “advertencias técnicas previas emitidas públicamente por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), donde ya se denunciaban graves deficiencias en las infraestructuras”, según consta en la nota. Entre las advertencias se señala la inestabilidad en la rodadura con oscilaciones anómalas en los trenes a velocidades cercanas a los 280 kilómetros por hora. También, fatiga de materiales y botes, con baches y deformaciones geométricas. El sobrepeso en las vías por la entrada de operadores de bajo coste con ejes más pesados y críticas al uso excesivo de “marchas a la vista” (circulaciones lentas en tramos dañados) “en lugar de acometer cierres y reparaciones definitivas”.
La denuncia subraya además “carencias incomprensibles en la seguridad del material rodante y la asistencia: la ausencia de cámaras de videovigilancia exteriores en los trenes, la falta de sistemas autónomos de geolocalización inmediata en caso de descarrilamiento, e insuficiencias en los portaequipajes que provocan la caída de bultos sobre los viajeros”, exponen. Asimismo, censuran que los servicios autonómicos de emergencias (061 y 112) sigan sin contar con protocolos de actuación plenamente coordinados y homogéneos en toda España, denuncian.
El letrado Antonio Benítez Ostos, portavoz jurídico de la asociación, ha manifestado su “absoluta preocupación” ante el hecho de que, en poco más de una década, España haya sufrido los dos peores accidentes ferroviarios de su democracia (Angrois en 2013 y Adamuz en 2026), “pudiendo presuntamente evidenciar que las medidas actuales son del todo insuficientes para garantizar la seguridad de las personas viajeras”.
La Agencia Ferroviaria Europea ya intervino en el caso Alvia y en su documento de asesoramiento ERA/ADV/2015-6 consideró que la investigación del siniestro llevada a cabo por la CIAF “no fue independiente, además de presentar graves irregularidades como no haber tenido en cuenta a las víctimas, ni haberles informado de sus derechos en el procedimiento de investigación”, señala la asociación.
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