Un error judicial libra de la condena a un conductor que iba tan ebrio que no podía mantenerse en pie

Conducía de madrugada, sin luces y haciendo eses con el vehículo. Cuando la Guardia Civil logró darle el alto en la avenida Pío XII de Palma del Río, los agentes comprobaron de inmediato que el hombre presentaba un cuadro severo de embriaguez: rostro pálido pero congestionado, pupilas dilatadas, un fuerte aliento a alcohol detectable a metros y una incapacidad casi absoluta para expresarse con coherencia. La situación era tan patente que el conductor ni siquiera se sostenía en pie por sus propios medios y requirió la ayuda física de la patrulla para descender del coche. Tampoco pudo acertar a introducirse la boquilla del etilómetro en la boca cuando llegó la Policía Local, obligando a su traslado urgente a un centro sanitario.

Sin embargo, más de seis años después de los hechos y tras haber sido condenado en primera instancia a una multa de 1.920 euros y a la privación del carné de conducir durante 15 meses, la Audiencia Provincial de Córdoba lo ha absuelto por un error del juzgado de instrucción: el magistrado redactó totalmente “en blanco” el auto definitivo de la investigación y se olvidó de imputarle hecho alguno. Así lo ha determinado una sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia, que ha estimado el recurso presentado por la defensa del conductor.

Los hechos se remontan a octubre de 2020, en plena pandemia por el coronavirus. Durante la madrugada, agentes de la Guardia Civil vieron un coche con las luces apagadas y circulando de forma anómala. Cuando le dieron al alta, se percataron de que el conductor iba borracho y tuvieron que ayudarlo a salir del coche. Cuando llegó la Policía Local para hacerle la prueba de alcoholemia, el conductor no alcanzaba a meterse la boquilla en la boca por su estado de embriaguez. Finalmente, acabó siendo trasladado a un centro de salud.

El atestado fue trasladado al juzgado de Posadas, que dictó apertura de juicio oral contra el hombre en un auto donde no aparecían los hechos punibles. Pese a todo, la causa siguió adelante y pasó a la plaza número 4 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Córdoba sin que el Ministerio Fiscal impugnara o recurriera la omisión, limitándose este órgano a redactar su escrito de acusación e introducir por su cuenta el relato de los hechos que el juez instructor jamás redactó.

Ya en el juicio, la defensa advirtió de que se estaba vulnerando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías. Sin embargo, la titular de este juzgado de lo Penal desestimó la alegación de nulidad al considerar que el planteamiento era “extemporáneo” y sostener que las partes se habían “aquietado” al no haber recurrido el auto. El hombre fue entonces condenado a una multa de 1.920 euros y a 15 meses de privación del carnet de conducir. Pero ahora, la Audiencia ha calificado lo ocurrido como una “irregularidad de tamaña importancia” que quebró todas las garantías del procesado.

Así, en primer lugar, el tribunal ha manifestado que no se le puede achacar al investigado un “aquietamiento” cuando ni siquiera consta en el programa de gestión procesal que el auto en blanco le fuese formalmente notificado a él o a su representación letrada. En segundo lugar, la Audiencia ha sido más tajante al señalar que las partes acusadoras -comenzando por la Fiscalía- no tienen un poder absoluto para inventar o acotar el objeto de un juicio penal al margen del filtro del juez instructor. De este modo, no se trata únicamente de dilucidar si el procesado tuvo o no la oportunidad física de defenderse en la sala de vistas de los hechos que figuraban en la atestación policial, sino de proclamar con rigor que “nunca debió haber sido acusado” en semejantes condiciones procesales.

Por todo ello, la Audiencia de Córdoba ha declarado la nulidad de la sentencia condenatoria de instancia.