Stop Desahucios critica que la reforma del delito de sedición aumentará la pena de prisión para las “ocupaciones pacíficas”

Concentración Stop Desahucios en la plaza de la Constitución

Un grupo de representantes de la plataforma 15M - Stop Desahucios Córdoba se ha concentrado este lunes ante la Subdelegación del Gobierno en la capital para reclamar la aprobación de una Ley de Vivienda “digna” y para rechazar la reforma del delito de sedición, que traerá consigo un aumento de las penas de prisión para las “ocupaciones pacíficas”.

La portavoz e integrante de la plataforma, Rocío López, ha asegurado que el momento actual es de “extrema necesidad y riesgo para las familias” que están en una posición crítica en cuanto a la pérdida de su vivienda se refiere debido a la “inflación y la subida de los alquileres”. Por ello, ha reclamado una Ley de Vivienda “justa”. “El PSOE, partido mayoritario de la coalición, tiene que dejar de poner trabas a la aprobación de esta ley, que lleva diez meses con el visto bueno del Consejo de Ministros”, ha apuntado la representante de la plataforma.

Para la organización, esta nueva norma tiene que incluir la prohibición de los desahucios de familias que no tengan alternativa habitacional, la creación de un parque público de viviendas que atienda a las necesidades de la población y la limitación “efectiva y real” de los precios del alquiler.

Por otro lado, la plataforma ha pedido que el cambio en el Código Penal, que sustituirá el delito de sedición por un nuevo tipo de desórdenes agravados, no afecte al movimiento social que defiende el derecho a la vivienda dado que la modificación del artículo 557.2 registrará un aumento de la pena de prisión para “ocupaciones pacíficas de establecimientos”. “Esto es criminalizar la pobreza”.

En ese sentido, López, como representante de la plataforma, ha condenado todas las ocupaciones violentas y perjudiciales para los vecinos y ha defendido los realojos de viviendas cuando no existe otra alternativa habitacional, y cumpliendo las siguientes condiciones: que nunca sean de viviendas de particulares, siempre de manera pacífica, con el compromiso de cuidar los inmuebles ocupados, manteniendo una buena convivencia con el resto del vecindario e integrándose en la vida del barrio, y con el fin de obtener un alquiler social de la vivienda donde se haya producido el realojo.  

“Hay interés por criminalizar a la población que ocupa, que, si tuviera vivienda accesible, no lo haría”, ha argumentado López, mientras que ha pedido diferenciar entre quienes ocupan una casa ya que “todos no son iguales”. “Hay quien ocupa de buena fe porque no le queda otra, que cuida de los inmuebles, que respeta a los vecinos y que siempre quiere pagar un alquiler social. Es a esa gente a la que defendemos”.

Prácticas de acoso a miembros de la plataforma

Asimismo, López también ha denunciado públicamente las “prácticas de acoso que los fondos buitres y gestoras de inmuebles y compañías de recobro están cometiendo sobre muchas familias con el fin de  que abandonen sus hogares, una vez que sus deudas han sido vendidas por los bancos a estos fondos, haciendo omisión de su responsabilidad y lavándose las manos con la situación de desamparo en que quedan las familias”.

Según la plataforma, estas familias estarían sufriendo “llamadas telefónicas repetitivas, a horas intempestivas, amenazantes, insultantes o poco respetuosas, haciendo uso de información personal, datos bancarios, etc. que están protegidos” por la Ley Orgánica de Protección de Datos. A ello se suman “las visitas amenazantes a sus domicilios con fines intimidatorios para que abandonen su casa” o el rechazo “a negociar cualquier acuerdo y ofrecer como única solución y alternativa irse a la  calle sin ninguna posibilidad de alquiler social”. 

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