Protesta ante la Mezquita de Córdoba

La Plataforma por una Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos ha protagonizado en la tarde de este martes 22 de junio una concentración en Córdoba junto al emblemático monumento para reclamar la anulación de su inmatriculación por parte de la Iglesia y la recuperación de este edificio patrimonial como bien público.

La concentración, que se ha producido de manera coordinada en 16 ciudades de España para pedir la anulación de las inmatriculaciones de los bienes inscritos por la Iglesia sin título de propiedad sobre ellos, ha contado con la presencia de unas 300 personas.

Bajo el lema “Recuperando nuestro patrimonio público”, el colectivo ha leído un manifiesto recordando el valor “emblemático” de la Mezquita en el conjunto de miles de bienes inmatriculados por la jerarquía católica en virtud de una ley “claramente inconstitucional”. “Su inmatriculación por 30 euros en 2006 y su mala gestión por parte del Cabildo ha recorrido el mundo y ha sido denunciada por 22 universidades prestigiosas de todo el orbe”, ha subrayado Miguel Santiago, portavoz de la Plataforma.

Santiago ha repasado las numerosas “arbitrariedades” que jalonan la gestión episcopal del monumento andalusí, entre ellas la retirada de la celosía en contra de la Ley de Patrimonio Histórico, el “abuso” de las exposiciones de índole religiosa en el interior de la Mezquita o el “falseamiento” de la narrativa histórica. “Todo ello hace necesaria la nulidad de la inmatriculación de la Mezquita”, ha declarado el portavoz de la Plataforma, además de la redacción de un Plan Director que “diferencie claramente las funciones del monumento” y relegue al Cabildo a la gestión estrictamente litúrgica.

La coordinadora Recuperando que aglutina a las plataformas ciudadanas como la de la Mezquita y sus homólogas en otras ciudades del país, quieren que este asunto no quede en el olvido después de que el Gobierno difundiera el listado de los miles de bienes inmatriculados y no haya previsto actuar para recuperarlos.

Así, en la concentración se ha puesto de manifiesto que la Mezquita -Patrimonio de la Humanidad por la Unesco- y otros miles de bienes han quedado registrados a nombre de la Iglesia en virtud de una ley ya anulada que le otorgaba el privilegio de poder inscribir a su nombre cualquier bien sin título de propiedad.

El objetivo de la movilización es reclamar la nulidad de las inmatriculaciones que fueron hechas en base a una ley ya invalidada, por lo que las plataformas ciudadanas insisten en anular también dichas inmatriculaciones. Y reclaman también conocer el listado completo de los bienes inmatriculados, con anterioridad a 1998, que es la fecha desde la que parte el listado de 34.961 bienes inmatriculados hecho público por el Gobierno el pasado mes de febrero y que, contando con anterioridad a esa fecha, se calcula que podría llegar a los 100.000 bienes en todo el país.

Por ello, con estas movilizaciones, proponen que se anulen todas las inmatriculaciones hechas sin título de propiedad sobre los bienes y que por ley se califique y cataloguen dichos bienes. Y para reclamarlo, han dado lectura al siguiente manifiesto común en cada una de las concentraciones que se han llevado a cabo en España:

Recuperando nuestro patrimonio público

Gracias a la tenacidad del movimiento ciudadano patrimonialista, hoy sabemos que la Iglesia católica ha privatizado casi 35.000 bienes desde 1998, buena parte de ellos pertenecientes al incalculable legado cultural construido y sostenido desde tiempo inmemorial por los pueblos y las instituciones públicas. Pero la cifra puede triplicarse si se incluyen en el listado todos los bienes inmatriculados desde 1946 en virtud del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que otorgaba a la Iglesia católica un privilegio claramente inconstitucional.  

La publicación parcial del listado de bienes inmatriculados el pasado febrero es un éxito sin paliativos del movimiento ciudadano. Pero es un éxito insuficiente. El Gobierno presuntamente más progresista de la historia ha incumplido su compromiso programático y ha dado carpetazo a este escándalo monumental legitimando la apropiación eclesiástica de decenas de miles de edificios, fincas, plazas, cementerios y monumentos que forman parte de nuestra historia común.  

Conviene recordar hoy las palabras del presidente Sánchez en su solemne discurso de investidura ante nada menos que la sede de la voluntad popular: “El Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia”. Ha transcurrido año y medio desde entonces y el Ejecutivo no solo no ha movido un dedo para anular las inmatriculaciones ilegítimas sino que, de forma clandestina y absolutamente opaca, ha acordado con la jerarquía católica amnistiar el inmenso expolio patrimonial.  

En todo este tiempo, el Gobierno no ha tenido ni siquiera el decoro de recibir a Recuperando u otras organizaciones patrimonialistas para escuchar sus argumentos. Y lo que es peor: ha dejado en manos de ayuntamientos y particulares la eventual reclamación ante los tribunales de lo que a todas luces es una cuestión de Estado. Es preciso subrayar que nuestra reivindicación no es un asunto de carácter religioso sino estrictamente patrimonial. 

Hoy, a iniciativa de la Coordinadora Recuperando, nos convocamos aquí y en otras 16 ciudades de 9 comunidades autónomas para recordarle a nuestro Gobierno sus compromisos ante el Congreso de los Diputados. Y para decirle que no vamos a tirar la toalla. Y que vamos a seguir reclamando una solución global y justa que devuelva al dominio público lo que ha sido históricamente de todas y de todos.  

Etiquetas
Publicado el
22 de junio de 2021 - 20:57 h
stats