MEMORIA HISTÓRICA

Las primeras pruebas de ADN a las víctimas del franquismo en Córdoba no logran identificarlas

Las pruebas de ADN practicadas a los primeros restos exhumados de víctimas del franquismo en Córdoba no han logrado identificarlas al cruzar sus muestras con las de familiares de personas represaliadas en la provincia cordobesa.

Así lo ha expuesto la Consejería de Cultura -donde radican las competencias de memoria histórica en la Junta de Andalucía-, en un informe dirigido al Defensor del Pueblo Andaluz, que le requirió información al cuestionar el retraso en analizar el ADN de los primeros restos exhumados en 2019 en las fosas de los cementerios de Córdoba. El Defensor preguntó a comienzos de este año a la administración por las muestras tomadas en 2019 a los restos de 23 personas exhumadas de una fosa del cementerio de La Salud y a 180 familiares, para poder identificarlas.

Ahora, el Defensor se hace eco de la información que le ha proporcionado la Junta de Andalucía y señala que, “en relación con los 23 cuerpos exhumados de las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael de Córdoba, desde el año 2019 se han recogido muestras de ADN a todos los familiares de las víctimas que se encuentran en las citadas fosas para compararlo con el ADN extraído de los 23 cuerpos exhumados. De los trabajos de identificación genética llevados a cabo hasta ahora no se ha obtenido ningún resultado positivo”.

No obstante, se precisa que “al no estar aún ni exhumados ni analizados genéticamente todos lo restos que se hallan en la fosa, estos resultados de identificación genética son provisionales y no concluyentes”.

La administración asegura en su informe que esta circunstancia “se ha comunicado a cualquier familiar, asociación o ayuntamiento que se han puesto en contacto con este Servicio del Comisionado para la Concordia para interesarse por estos trabajos”.

23 cuerpos exhumados y pruebas a 180 familiares

La Oficina del Defensor requirió a comienzos de este año información de los restos exhumados en 2019 de la fosa de San Ramón del cementerio de La Salud, de donde se extrajeron los restos de 23 personas. Se tomaron entonces muestras genéticas de estos restos y, también, para identificarlos, muestras de ADN de 180 familiares. No se conocía si se habían realizado las pruebas ni sus resultados.

Por eso, el Defensor abrió un expediente al respecto y requirió información a la Consejería de Cultura y Patrimonio, y a la Universidad de Granada, cuyo Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Facultad de Medicina se encarga de los análisis de ADN.

En su momento, la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada firmaron un protocolo de actuación que establecía la entrega y recepción de las muestras, la recogida de muestras biológicas de familiares y entrega para almacenamiento y custodia de las mismas, y el procedimiento analítico de las muestras de familiares y de los restos de las víctimas. Y dicho protocolo establecía -como recoge el Defensor en su expediente- que “este procedimiento analítico será realizado por la Universidad de Granada en el tiempo máximo de cuatro meses a partir de la fecha de entrega de las muestras”. Pero desde 2019 que se extrajeron las muestras, no se habían conocido los resultados.

“Riesgo de sus parientes directos de morir”

La Institución del Defensor del Pueblo Andaluz tuvo conocimiento a través del Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía de “la demora en la identificación de las víctimas, con el consiguiente riesgo de sus parientes directos de morir sin saber su paradero, como es el caso de Teresa que cedió su ADN con 88 años y con 91 sigue esperando”, expuso al requerir la información a la administración.

Entidades memorialistas habían denunciado esta situación por la demora de tres años tras la toma de muestras de ADN y de su entrega al laboratorio de la Universidad de Granada, “sin que se haya comunicado a los familiares los resultados de la identificación genética de los cuerpos recuperados, retraso que está provocando que muchos familiares hayan fallecido sin haber tenido noticias”, señalaba entonces el Defensor.

En ese sentido, destacaba el caso concreto referido al cementerio de La Salud de Córdoba: “Con fecha 8 de marzo de 2019 el equipo técnico a cargo de la intervención arqueológica en el cuadro de San Ramón entregó a la Universidad de Granada las muestras genéticas de 23 víctimas exhumadas y de 180 familiares, sin que a la fecha de la publicación (comienzos de 2023), los familiares hayan recibido información alguna”, criticó.

Por todo ello, dado los compromisos firmados por la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada en el denominado 'Protocolo Andaluz de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra' y la demora denunciada sobre los análisis y resultados de ADN de los restos y sus familiares, el Defensor solicitó información a los organismos firmantes de este convenio, para que emitieran informes relacionados con la realización de las pruebas genéticas que requieren los restos exhumados de las víctimas, para su identificación y de los análisis biológicos de los posibles familiares de las mismas.

Y, ahora, al fin, se ha conocido que las primeras pruebas practicadas con el ADN de las 23 personas exhumadas de las fosas y las muestras de familiares de represaliados por el franquismo en Córdoba, no han dado aún un resultado positivo para identificarlas.