MEMORIA HISTÓRICA

El Defensor cuestiona el retraso en analizar el ADN de restos exhumados de las fosas de Córdoba

El Defensor del Pueblo Andaluz ha cuestionado el retraso en los análisis de las muestras de ADN realizadas a restos exhumados en los sondeos de las fosas de personas represaliadas en el cementerio de La Salud de Córdoba, y ha abierto una expediente informativo al respecto.

La Oficina del Defensor toma como ejemplo los restos exhumados en 2019 de la fosa de San Ramón de este camposanto, de donde se extrajeron los restos de 23 personas. Se tomaron entonces muestras genéticas de estos restos y, también, para identificarlos, muestras de ADN de 180 familiares. Hasta el momento, no conocen si se han hecho las pruebas ni sus resultados.

Por eso, el Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto un expediente al respecto y ha reclamado información a la Consejería de Cultura y Patrimonio -donde radican las competencias de memoria histórica en la Junta de Andalucía-, y a la Universidad de Granada, cuyo Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Facultad de Medicina se debe encargar de los análisis de ADN.

En su momento, la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada firmaron un protocolo de actuación que establecía la entrega y recepción de las muestras, la recogida de muestras biológicas de familiares y entrega para almacenamiento y custodia de las mismas, y el procedimiento analítico de las muestras de familiares y de los restos de las víctimas. Y dicho protocolo establecía -como recoge el Defensor en su expediente- que “este procedimiento analítico será realizado por la Universidad de Granada en el tiempo máximo de cuatro meses a partir de la fecha de entrega de las muestras”.

“Riesgo de sus parientes directos de morir”

La Institución del Defensor del Pueblo Andaluz ha tenido conocimiento a través del Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía de “la demora en la identificación de las víctimas, con el consiguiente riesgo de sus parientes directos de morir sin saber su paradero, como es el caso de Teresa que cedió su ADN con 88 años y con 91 sigue esperando”, expone.

Entidades memorialistas han denunciado esta situación por la demora de tres años tras la toma de muestras de ADN y de su entrega al laboratorio de la Universidad de Granada, “sin que se haya comunicado a los familiares los resultados de la identificación genética de los cuerpos recuperados, retraso que está provocando que muchos familiares hayan fallecido sin haber tenido noticias”, señala el Defensor.

En ese sentido, destaca el caso concreto referido al cementerio de La Salud de Córdoba: “Con fecha 8 de marzo de 2019 el equipo técnico a cargo de la intervención arqueológica en el cuadro de San Ramón entregó a la Universidad de Granada las muestras genéticas de 23 víctimas exhumadas y de 180 familiares, sin que a la fecha de la publicación, los familiares hayan recibido información alguna. Una situación que al parecer se está reproduciendo en otros municipios”, informa.

Por todo ello, dado los compromisos firmados por la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada en el denominado 'Protocolo Andaluz de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra' y la demora denunciada sobre los análisis y resultados de ADN de los restos y sus familiares, “se entiende oportuno que esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz tome mayor conocimiento de los hechos, en relación a los compromisos asumidos”.

Así, solicita información a los organismos firmantes de este convenio, para que emitan informes relacionados con la realización de las pruebas genéticas que requieren los restos exhumados de las víctimas, para su identificación y de los análisis biológicos de los posibles familiares de las mismas.

Informes requeridos a la Junta y la Universidad de Granada

En base a ello se solicita informe, a la Consejería de Cultura y Patrimonio para conocer las actuaciones de coordinación y supervisión del Convenio subscrito, si es conocedor de las demoras denunciadas, y en caso afirmativo medidas adoptadas para subsanarlas, además de saber las cantidades económicas transferidas desde la fecha de suscripción del convenio para contribuir a sufragar parte de los costes totales derivados de las actuaciones objeto del presente convenio. Igualmente requiere a la Junta información sobre el presupuesto destinado a esta finalidad en el año 2022 y ejecución del mismo, así como presupuesto consignado para 2023, además de sabersi ha habido reuniones y/o comunicaciones mantenidas al respecto con familiares e instituciones.

Por su parte, a la Universidad de Granada y su Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Facultad de Medicina le pide conocer el número de muestras recibidas y no analizadas así como las fechas de su recepción, los tiempos de respuesta media desde la recepción de las muestras, análisis de las mismas y comunicación de los resultados, así como las dificultades para realizar las identificaciones en el tiempo recogido en el convenio de referencia (4 meses).

El Defensor también pide conocer la incidencia de la caducidad del convenio -que ya se ha renovado- en los trabajos de exhumación, el presupuesto con el que cuenta la Universidad para acometer sus compromisos y fuentes de financiáción, haciendo mención al año 2022 y su grado de ejecución y al previsto en este ejercicio económico 2023. Y las propuestas de mejora para dar respuesta a los compromisos asumidos.