Una investigación estima que el franquismo dejó en Córdoba más de 18.100 víctimas de consejos de guerra

Julio Guijarro lleva cerca de una década investigando cómo fue la represión franquista en córdoba y describiendo toda la información que encuentra archivada en el Archivo Histórico del Tribunal Militar Territorial de Sevilla. En 2017, el investigador y archivero presentó un primer análisis que se aleja muchísimo de lo constatado recientemente. En aquellas fechas hablaba de 2.100 procedimientos judiciales en los que se encausaron a más de 2.500 personas. Hoy, las cifras que maneja –y serán mucho más altas conforme avance la investigación- es de 18.100 personas y 9.600 sumarios. El inmenso valor de su investigación posibilita que asociaciones memorialistas y familiares sepan dónde están todas esas personas que, de repente un día, desaparecieron o asesinaron sin ni siquiera saber dónde yacen sus cuerpos.

Fue en 2013 cuando Guijarro comenzó esta investigación, siempre por su cuenta. La base del proyecto era y es localizar y describir archivísticamente todos los sumarios incoados por tribunales militares en la provincia de Córdoba: informaciones, diligencias previas, causas, consejos de guerra sumarísimos de urgencia y ordinarios –correspondientes fundamentalmente a la represión ejercida por los golpistas y la dictadura durante la guerra-, la inmediata posguerra y la guerrilla antifranquista de los años 40 y 50.

Con el paso del tiempo ha ido incorporando nuevos campos para mejorar la investigación y la descripción de los procedimientos judiciales militares y de personas procesadas, fallecidas o desaparecidas; más de 40 campos que Guijarro rellena uno a uno para ofrecer la mayor información posible. El objetivo final de tal ingente trabajo es “dar a conocer a la sociedad y a las familias la información que demanda y que aparece en esos procedimientos judiciales”.

El Archivo Histórico del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, la base de la investigación

La base fundamental del trabajo está siendo el Archivo Histórico del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, donde se encuentran todos los fondos documentales militares de Andalucía, Ceuta y Melilla. Estos procedimientos judiciales militares ofrecen información relativa al nombre y apellidos de los procesados, su edad y fecha de nacimiento, su profesión, estado civil, su formación, si tenía antecedentes penales o condenas anteriores, cuál fue su sentencia, su lugar de enterramiento y, en caso de fallecer en prisión o por otras causas, fecha, lugar y causa de la muerte.

Sin embargo, hay casos para los que esta información sobre los procedimientos judiciales militares se ha quedado escasa y Guijarro ha tenido que recurrir a otras fuentes documentales; aquellos casos donde surge la duda de si los prisioneros condenados fallecen en prisión y no constan en los sumarios o porque no se localizan sus procedimientos judiciales o porque están incompletos.

Esto ha llevado al investigador a recurrir a la documentación conservada en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba –fondo transferido desde la prisión provincial-, lo que le ha permitido la localización de más prisioneros procesados y/o fallecidos en centros de reclusión, o sobre los ya localizados, complementando la información ya disponible en los procedimientos judiciales. Además, durante estos dos últimos años ha consultado expedientes del Archivo Histórico Provincial de Cádiz sobre cordobeses presos que cumplieron condena y fallecieron en El Puerto de Santa María.

Otra de las fuentes ha sido el Archivo Municipal de Córdoba, donde el investigador ha consultado los libros registro de los cementerios de San Rafael y Nuestra Señora de La Salud; unas bases de datos que sirvieron después para hacer los Muros de la Memoria referentes a personas ejecutadas por el franquismo y enterradas en las fosas de ambos cementerios. En este sentido, Guijarro recuerda que “los muertos en prisión también son víctimas” pero, en el momento de realización de este espacio de homenaje, no se incluyeron. Cabe recordar que el investigador elevó a 5.015 víctimas las que yacen en las fosas de los cementerios de San Rafael y La Salud, superando las 4.000 que durante años se han notificado.

De los bandos de guerra a la guerra sucia contra la guerrilla

Según el estudio de Guijarro, los bandos de guerra se iniciaron en julio de 1936 y se trataron de ejecuciones sumarias sin causa judicial alguna. A principios del 37, Queipo de Llano ordenó terminar con los asesinatos sin causa y en marzo de ese año se crearon en la provincia de Córdoba dos consejos de guerra permanentes de urgencia y diversos juzgados militares. Esta intensa actividad judicial y represiva se mantuvo hasta mayo de 1942, aunque la mayoría de los procedimientos judiciales localizados fueron sobreseídos, lo que permitiría hablar de la gran represión que el franquismo ejerció sobre la población cordobesa.

Una muestra de ello son las resoluciones de los consejos de guerra que se dictaron en la provincia de Córdoba entre 1936 y 1958: del total de más de 18.100 personas procesadas, 782 fueron absoluciones y 12.112 fueron sobreseimientos (por muerte del procesado, entre otras causas), suspensión de trámite o sin declaración de responsabilidad, frente a las 3.191 condenas de prisión y 1.948 de muerte.

 Aún así, detalla Guijarro, el paso de convertir los procedimientos judiciales sumarísimos de urgencia en sumarísimos ordinarios –hecho que se produjo en junio de 1940- no supuso ninguna garantía para los procesados ya que 1941 fue el año de mayor mortandad en las prisiones detectado hasta la fecha; y 1940-41, los de más ejecuciones por condena en consejo de guerra, solamente superados por los fusilados durante el periodo de aplicación del Bando de Guerra (julio 1936 - marzo 1937).

La llegada de la guerrilla supuso para el régimen franquista la creación de nuevos delitos. Ese fue uno de los grandes diques de batalla para el franquismo y hasta mediados de los 50 se mantuvo muy activa en la zona norte de Córdoba debido a la elevada resistencia que presentó esta zona de la provincia.

Entre las conclusiones de Guijarro destacan que los procedimientos se tramitaron sin las necesarias garantías procesales, con numerosas irregularidades, de las que los responsables eran conscientes por su formación, ya que en su mayoría pertenecían al Cuerpo Jurídico Militar, eran jueces de carrera, fiscales o auditores. Ese conjunto de irregularidades, de diferente nivel, podrían haber dado lugar en cada caso a la anulación de las actuaciones. Entre los ejemplos que expone el investigador están declaraciones entre amenazas y torturas tanto por parte de la Guardia Civil como del juez un acusado que permanece en prisión preventiva seis años, y sin tomarle declaración, por pérdida del sumaria.

La soledad del investigador

“Mi equipo es mi sombra”. Guijarro hace todos los días 70 kilómetros para viajar a Sevilla, al archivo. Allí está siete horas recopilando todos los datos que le da tiempo en una jornada. Al día siguiente, más de lo mismo. Y así durante nueve años. Reconoce que en muchos momentos se ha sentido “superado y con ganas de dejarlo porque ves que no llegas al final”. “Sé que, en vida, no me va a dar tiempo a ver el proyecto acabado”.

Pero las ganas de las familias por conocer dónde están sus seres queridos es lo que le empuja a seguir investigando. A su trabajo incansable hay que añadir el apoyo que día a día muestra a estas familias y que, de una u otra forma, hacía la Oficina de Atención a las Familias puesta en marcha por la Junta de Andalucía. Sin embargo, recuerda Guijarro, “la llegada de PP y Ciudadanos supuso su desmantelamiento”. “Eso ha sido un paso atrás para muchas familias que quieren saber dónde está su abuelo o su bisabuelo. ¿Cómo no le vas a ayudar?”.

Gracias a esta investigación ya se han se han incorporado más de 7.000 víctimas a la página Todos los Nombres (https://todoslosnombres.org/) en la que los familiares pueden encontrar información de sus seres queridos.