La Intervención detecta “incidencias” en el 98% de los contratos menores de Salud analizados en Córdoba

La Intervención General de Fondos de la Junta de Andalucía ha tramitado un informe en el que ha encontrado “incidencias” en casi todos los contratos menores tramitados por la Consejería de Salud en la provincia de Córdoba durante el ejercicio presupuestario del año 2021, según una información adelantada en exclusiva por elDiario.es/Andalucia. Córdoba es una de las cuatro provincias examinadas en un informe fiscalizador en el que se trata de conocer la existencia de “fraude de ley” en la tramitación o abuso de los contratos menores.

En concreto, en Córdoba se registraron 49.263 facturas ligadas a contratos menores por un importe de 61 millones. La muestra analizada por los interventores del gobierno andaluz (122 expedientes que suman 690.800 euros) detectó incidencias en el 98,3% de casos. “Se ha constatado la gran cantidad de contratos menores que se licitan con las mismas empresas, adquiriendo los mismos suministros con el mismo importe y por el mismo concepto, eludiendo publicar nuevas licitaciones públicas y vulnerando el principio de libre concurrencia”, advierte uno de los documentos.

Los interventores señalan un abuso en el uso de este tipo de contratación en la administración. En la provincia de Córdoba, el gobierno andaluz se gastó 61 millones en contratos menores de los 278,5 millones en obligaciones de gasto. Es decir, el 22% de todo el presupuesto de la Consejería en la provincia se gastó a través de este tipo de contratación considerada de emergencia.

El informe de la Intervención sobre la provincia de Córdoba tiene fecha de 30 de mayo y está considerado como “desfavorable” por sus autores. “Se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido en la contratación de obras, bienes y servicios, fraccionando el objeto de los contratos”, adjudicando “contratos menores con un plazo de ejecución superior a un año”, en contra de lo dispuesto en la ley, y “sin los informes y autorizaciones” preceptivas por parte de la dirección competente, señala el documento, que insta al gobierno andaluz a poner orden en la Consejería, dejar de abusar de estos contratos y revisar las facturas en busca de posibles fraudes.

Contratar de 15.000 en 15.000 euros

La Ley de Contratos del Sector Público permite a las administraciones saltarse los controles regulares de fiscalización y hacer adjudicaciones a dedo con carácter “excepcional”, sin publicidad ni concurrencia competitiva, para “supuestos de urgencia”. Los llamados contratos menores entran dentro de esta categoría, pero no pueden superar los 15.000 euros (para suministros y servicios), los 40.000 euros (para obras) o los 30.000 euros para prestaciones de asistencia sanitaria.

A preguntas de elDiario.es/Andalucia sobre las conclusiones de las auditorías, fuentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) explican que “las apreciaciones que realiza la Intervención sobre contratación menor son salvedades que han tenido mayor o menor impacto dependiendo del año y las circunstancias sobrevenidas”, y que estos reparos del órgano de fiscalización se remontan a 2012. “Pero siguen sin resolverse de forma definitiva a pesar del esfuerzo que realizan las centrales provinciales del SAS para mantener e incrementar los niveles de contratación administrativa por procedimientos distintos” a los contratos menores, añaden.

Las “dificultades” para solventar estas “deficiencias”, que la Intervención cataloga directamente como “infracciones legales”, son “en la gran mayoría de los casos por motivos ajenos a la voluntad de la Administración y siempre por el interés público de la prestación”, sostienen fuentes del SAS, también en referencia la censura del interventor por el abuso “injustificado” de los contratos de emergencia, “en un contexto de necesidad imperiosa según los datos asistenciales y epidemiológicos que obraban en la administración sanitaria” en 2021.