Una familia denuncia ante el Defensor del Pueblo mala praxis de Educación tras renunciar a un colegio concertado religioso

Una familia cordobesa ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz que ha sido admitida a trámite por considerar que se daban elementos de derecho por haber sufrido mala praxis administrativa por parte de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba.

Según ha podido conocer este periódico, la familia, que prefiere mantenerse en el anonimato, había solicitado la escolarización de su hija en un centro de ESO diferente al que había tenido en la etapa de primaria. Tras pedir centros públicos en el distrito educativo del lugar de residencia y trabajo, tanto en la opción de prioritario como subsidiario, Educación resolvió asignarle a su hija un centro concertado religioso, al que además hay que acogerse firmando la aceptación del credo católico del mismo, argumentando la delegación que es admisible porque está sostenido con fondos públicos.

Tras presentar una queja ante Educación, la delegación ha reconocido el error, ya que antes de asignarle a su hija un centro de esta naturaleza, existe la obligación de contar con el visto bueno de la familia, algo que la administración no hizo en ningún momento. No obstante, al reconocer el error la Delegación, decidió actuar de oficio asignándole, sin pasar por la respectiva Comisión Territorial de Garantías tal como establece la orden que regula el procedimiento de escolarización, a un centro público distante del área de influencia residencial y laboral de la familia, exponiendo que no había plazas en ningún centro público del distrito educativo solicitado ni en ningún otro.


La familia considera esta decisión “una pésima labor de gestión, si es que no se trata de una represalia por haberse quejado de la asignación al centro concertado religioso”. En palabras del padre, “teniendo más puntuación que otros alumnos de la lista en la que se encontraba” su hija, a estos les han “asignado centros públicos en su misma área de influencia”. Sin embargo, defiende que a la menor “la penalizan desplazándola al final de la lista y la envían a un centro educativo de otro distrito educativo lo más alejado posible del lugar de residencia”. “Se les llena la boca de libertad de elección, pero esa libertad de elección se penaliza y coarta cuando se refiere a la educación pública”, ha apostillado.

Los padres aseguran que “recurrirán la vulneración del principio de igualdad por mala praxis administrativa que ha sufrido” su hija “por todos los medios posibles, sindicales, parlamentarios, del Defensor del Pueblo, administrativos o judiciales”, hasta que Educación no vuelva a asignar los centros conforme a puntuación y puesto en la baremación, y con la correspondiente comisión de garantías, respetando el principio de igualdad, “y no por medios y malas prácticas administrativas”.