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¿Desconexión tecnológica militar de Israel? Los expertos lo ponen en duda

Palestinos desplazados internamente llegan desde el sur de Gaza a través de la carretera Al Rashid hasta la Ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza, 28 de enero de 2025.

Aristóteles Moreno

21 de junio de 2025 20:27 h

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Tres semanas después de que el Gobierno anunciara la desconexión tecnológica militar de Israel, la incertidumbre se expande como una mancha de aceite. La firma Escribano, uno de los socios de la fábrica de lanzacohetes Silam en Córdoba, guarda un mutismo absoluto sobre el supuesto giro copernicano ordenado por el Gobierno. Cordópolis contactó días atrás con su gabinete de comunicación, que ha dado la callada por respuesta.

No ha sido mucho más prolija la contestación del Ministerio de Defensa. “Se están analizando cada uno de los proyectos y se está trabajando con la industria de defensa «para ver las soluciones más eficientes» que proponen las empresas”, informó en un escueto mensaje de apenas línea y media a través de un correo electrónico. Uno de los proyectos objeto de revisión es la fábrica de lanzacohetes Silam de Córdoba, cuyo socio tecnológico es la poderosa empresa israelí Elbit Systems, muy activa en el desarrollo de armas probadas en combate contra los territorios palestinos ocupados.

La sangría interminable de Gaza, objeto de una investigación internacional por “genocidio”, ha empujado a los aliados del presidente Pedro Sánchez a exigir la suspensión inmediata de toda transferencia armamentística con Israel. La creciente presión obligó al Gobierno a anunciar la “desconexión tecnológica” de Tel Aviv, incluso del sistema de propulsión PULS diseñado por la israelí Elbit Systems, que hasta hace escasas semanas el Ministerio de Defensa consideraba un componente “insustituible” para la fabricación de los lanzacohetes Silam de Córdoba.

Visita de la ministra Margarita Robles a Escribano.

El desconcierto es generalizado. La opacidad oficial también. Reemplazar el sistema tecnológico del lanzacohetes Silam año y medio después de su puesta en marcha en el polígono de Rabanales plantea serios problemas prácticos y graves consecuencias económicas. “Hay mucha incertidumbre”, admiten fuentes del sector bien informadas. Obligar ahora a las empresas a buscar sobre la marcha un “nuevo tecnólogo” después de haber logrado la adjudicación formal del contrato, que ya incluía el modelo Silam, provoca un evidente desconcierto en la industria de seguridad. “La empresa hará lo que le diga el Ministerio de Defensa, pero sería muy raro cambiar el tecnólogo con el contrato ya adjudicado”, subraya un experto que prefiere mantener su anonimato.

Aún no ha trascendido qué tipo de cohetes se van a integrar en el lanzador ni qué componentes de diseño israelí se van a ensamblar en Córdoba. “Está todo bastante abierto”, indican las fuentes. La propia secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, avanzó días atrás que las soluciones tecnológicas que se están barajando se desarrollarán “bien en España” o “bien con socios europeos o de terceros países”.

Precisamente esa ambigüedad es la que ha dado pie a algunos expertos en la materia para especular con la posibilidad de que el Gobierno contemple la opción de “nacionalizar” las licencias tecnológicas para borrar toda huella israelí del proyecto. En ese caso, el coste sería cero y las dificultades técnicas se reducirían sustancialmente. El Ministerio de Defensa se limitaría a “reetiquetar” los componentes tecnológicos aportados por Elbit Systems y lo que antes era “israelí” ahora sería sencillamente “español”.

El analista Alejandro Pozo, asesor del Centro Delàs de Estudios para la Paz, tiene serias dudas de que el Gobierno vaya a ejecutar realmente una “desconexión tecnológica” de Israel. “No ha formalizado nada en términos administrativos”, argumenta. “Y cuando no formalizas nada y no hay letra pequeña ni grande todo se reduce a simple postureo y declaraciones políticas”, asegura tajante.

El Centro Delàs sigue muy de cerca las relaciones comerciales militares entre España e Israel. Y ha publicado numerosos informes que revelan presuntamente la vulneración de las cláusulas éticas que prohíben la transacción de armas con estados que violan gravemente los derechos humanos. Es el caso de Israel, que ocupa ilegalmente Gaza y Cisjordania desde 1967 y es objeto de numerosas resoluciones internacionales en su contra. A juicio del Centro Delàs, comprar armas o adquirir tecnología israelí contribuye decisivamente a “mantener la ocupación y normalizar la injusticia”.

Estamos ante el enésimo ejemplo de cómo el Gobierno anuncia medidas, pero se quedan en la retórica

Alejandro Pozo Analista del Centro Delàs

Alejandro Pozo cree que el Gobierno trata de “ganar tiempo” a la espera de que la operación militar de Gaza, que ya ha costado casi 55.000 víctimas mortales, vaya perdiendo visibilidad internacional o simplemente concluya. El Ejecutivo de Sánchez y sus aliados afrontan la presunta desconexión tecnológica israelí como un “marrón” y tratan de que su relación armamentística con un Estado investigado por genocidio sea “digerible”. “¿Cómo?”, se pregunta el analista. “Pues recatalogando la aportación tecnológica israelí. Cambiándole el nombre o ‘localizando’ sus componentes”, razona.

“Estamos en el enésimo ejemplo de cómo el Gobierno anuncia medidas, pero se queda en el plano de la retórica”, agrega el experto. “Y, en ausencia de una medida administrativa específica, todo está sujeto a la arbitrariedad del momento político y al oportunismo”, declara escéptico.

El portal especializado defensa.com también se cuestiona la ejecución de un plan de desconexión cuyas “líneas maestras” se ignoran. “Habría que saber si se cancelarán los planes ya aprobados que incluyen colaboración con empresas israelíes (…) o si los sistemas de origen israelí en servicio en las Fuerzas Armadas serán dados de baja progresivamente, aunque sean sostenidos por empresas españolas”.

Aunque las firmas adjudicatarias guardan un escrupuloso silencio, el malestar por la eventual desconexión tecnológica israelí es evidente, debido a las graves consecuencias económicas y operativas que desencadenaría en buena parte de los proyectos. Uno de los más destacados analistas en seguridad y defensa, Juan José Fernández, calificó de “tremenda” y “gravísima” la decisión del Gobierno. “Si se termina llevando de verdad a la práctica, el roto para nuestra defensa es enorme”, declaró en su cuenta de X. El especialista fue reconocido el pasado mayo por el Ejército de Tierra con el Premio de Periodismo.

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