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El Gobierno reduce a cinco las peonadas para acceder al subsidio y la renta agraria tras el paso de los temporales

Olivar encharcado en la provincia de Córdoba.

Juan Velasco

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El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha aprobado un paquete extraordinario de ayudas para hacer frente a los efectos del reciente tren de borrascas que ha azotado el sur de la Península, dejando importantes daños humanos y materiales. Entre las principales medidas para paliar las consecuencias en el sector primario destaca la reducción de 35 a 5 del número de peonadas necesarias para que los trabajadores eventuales agrarios puedan acceder al subsidio agrario y a la renta agraria.

Con el campo cordobés y andaluz practicamente detenido desde finales de enero, el Ejecutivo ha dado luz verde a ayudas valoradas en más de 7.000 millones de euros con el objetivo de mitigar el impacto de las inundaciones y los temporales que, en las dos últimas semanas, han provocado el desalojo de más de 12.500 personas y han causado daños millonarios en infraestructuras, viviendas y sectores económicos clave como el agrícola, el pesquero, el comercial y el hostelero.

Dentro de este paquete de medidas, el sector primario recibirá un respaldo específico a través del Real Decreto-ley aprobado, que contempla actuaciones con un impacto estimado de 2.800 millones de euros para la agricultura, la pesca y la ganadería.

Entre las medidas más destacadas se incluyen ayudas directas a agricultores y al sector pesquero por un importe superior a 2.000 millones de euros. Asimismo, se establece una ayuda equivalente al 100% del daño no indemnizado por el seguro agrario, con el objetivo de compensar las pérdidas sufridas por explotaciones afectadas por las lluvias torrenciales y las inundaciones.

En el ámbito laboral, la reducción excepcional de las peonadas exigidas permitirá a miles de trabajadores eventuales del campo mantener el acceso al subsidio agrario y a la renta agraria, en un contexto de paralización de la actividad agrícola en numerosas zonas afectadas.

Además, el Gobierno destinará 600 millones de euros a la reparación de caminos rurales dañados por el temporal. Estas actuaciones serán ejecutadas por la empresa pública TRAGSA, con el fin de restablecer cuanto antes la actividad en el medio rural y garantizar el acceso a explotaciones agrícolas y ganaderas.

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