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La Asamblea Pro Personas Refugiadas ha protagonizado este domingo por la mañana una concentración en la Puerta del Puente de Córdoba para defender “el derecho a migrar” y reclamar respeto a los derechos humanos y universales de las personas migrantes.

La asociación ha recordado que, desde su nacimiento, su esfuerzo “se ha centrado en la denuncia de la vulneración de los derechos de las personas refugiadas y migrantes a nivel global y muy especialmente a nivel nacional”, rechazando “las leyes de extranjería que criminalizan e imposibilitan la obtención del estatuto del refugiado o la obtención del permiso de residencia y permiso de trabajo por estas personas sumiéndolas en una situación de vulnerabilidad, invisibilidad e indefensión permanente”, recuerdan en una nota.

Los participantes en la concentración, con pancartas en defensa de los derechos de las personas migrantes, han criticado las llamadas “devoluciones en caliente”. “Las cesiones a Libia, Turquía y Marruecos del control de fronteras sobre el Mediterráneo y la imposibilidad de rescate de las personas y su puesta a salvo en algún país de la Unión Europea”.

“Si estas políticas sobre inmigración siempre han sido nefastas por parte de los países de la UE., estamos constatando que cada vez se profundiza más en la represión, rechazo y criminalización de estas personas. En España, de manos del gobierno actual y a través de su ministro de Interior se ha entrado en una dinámica de rechazo absoluto hacia las personas migrantes, de utilización masiva e ilegal de las devoluciones en caliente, como hemos visto recientemente en Ceuta, donde personas susceptibles de ser refugiadas, niños, etc… han sido devueltas sin el menor miramiento”, han denunciado.

Recuerdan que pese a que en el año 2020, el descenso en la llegada de personas migrantes ha sido importante, “el aumento en la llegada a Canarias de los últimos meses del año pasado, unido a una absoluta falta de previsión del sistema de acogida, ha provocado y sigue provocando una vulneración reiterada de nuestra propia legalidad: detenciones, privación de libertad sin amparo jurídico, falta de asistencia letrada, han provocado una continua vulneración de los derechos de estas personas”.

“Normalizar el lenguaje racista”

De igual manera denuncian que “se ha ido normalizando un lenguaje racista entre los políticos y entre la ciudadanía que propicia aun más si cabe este trato inhumano a las personas migrantes, obligadas a permanecer durante meses en absoluta privación de servicios básicos y condiciones dignas de vida: confinadas en pequeños espacios, sin un techo y durmiendo en el suelo y con el acceso restringido a aseos y baños”.

Por ello, “este trato inhumano y esta falta de gestión no ha hecho sino ahondar en la sensación de amenaza y en la percepción que mucha gente tiene de desbordamiento de una situación que en absoluto supone ningún peligro”, defienden.

Indican que “la negativa del Ejecutivo a trasladar a las personas llegadas a Canarias o de las personas (especialmente menores no acompañados) de Ceuta y Melilla a la península no hace sino agravar esta situación. Después de muchos meses estas personas hacinadas en campamentos improvisados al aire libre en muy malas condiciones, los cuales aún continúan en pie, el gobierno parece que ha comenzado a derivar a algunas la península, con cuenta gotas. Por lo tanto no cabe sino exigir al Ejecutivo un cambio en el control de las fronteras, donde los derechos de las personas que lleguen tienen que primar sobre cualquier otra consideración. El derecho a la libre circulación, tal y como exige la Declaración de Derechos Humanos y por supuesto la ilegalización de las devoluciones sumarísimas y el traslado a la península de las personas retenidas en Canarias y de las que están en los nefastos centros de menores y CETIS de Ceuta y Melilla”.

Para concluir, reclaman que no prosigan “ni un minuto más las políticas de criminalización de estas personas que tantas alas está dando a la extrema derecha”.

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