Competencia urge a ADIF a retirar material de la central de mercancías de Córdoba que estorba a operaciones ferroviarias

La Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido una contundente resolución que exige al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) liberar de forma urgente la capacidad de las vías de apartado en las terminales de mercancías. La decisión del organismo regulador, fechada el pasado 20 de julio de 2026, pone el foco de manera especial en la terminal de Córdoba Mercancías, donde la acumulación de trenes y vagones fuera de servicio está provocando graves cuellos de botella e interfiriendo directamente en la operativa diaria de los operadores de transporte de mercancías.

El conflicto se desató tras una denuncia interpuesta el 28 de enero de 2026 por la empresa operadora ferroviaria Low Cost Rail (LCR). En su queja, LCR acusaba a la entidad pública de trato discriminatorio y falta de transparencia debido a la cancelación repentina y reiterada de maniobras que ya habían sido previamente programadas y autorizadas. Estas cancelaciones en el último minuto, justificadas de forma genérica por ADIF debido a la “saturación” de la terminal, han supuesto un importante perjuicio económico para la empresa privada y han afectado negativamente a la fiabilidad del transporte ferroviario de mercancías.

La investigación llevada a cabo por la CNMC ha revelado una situación insólita en la terminal de Córdoba: las maniobras de los trenes en activo se ven entorpecidas de forma constante porque un total de siete vías de la terminal se encuentran completamente ocupadas por material rodante en desuso. Se trata de vagones y maquinaria que no guardan relación con el ciclo productivo y que, al estar abandonados en las vías de formación y maniobras, inutilizan la infraestructura para el tráfico real.

Esta acumulación forzó a que las maniobras operativas de LCR tuvieran que realizarse obligatoriamente en las vías de recepción y formación, las cuales resultan insuficientes para absorber la demanda del ciclo productivo. La propia ADIF reconoció durante la instrucción del expediente esta ocupación masiva por material no productivo. Para la CNMC, resulta inadmisible y no conforme con el marco regulatorio que la presencia permanente de este material inactivo limite, retrase o impida la circulación de trenes que ya tienen un surco de capacidad asignado.

Tres meses para presentar un plan de desalojo con castigos económicos

Ante este escenario, la CNMC ha sido tajante. Aunque el organismo considera que no ha quedado acreditado un trato discriminatorio deliberado por parte de ADIF hacia LCR en las cancelaciones, dictamina que la inacción de la gestora estatal ante el bloqueo de vías prioritarias vulnera la Ley del Sector Ferroviario y los reglamentos europeos. El regulador recuerda que las maniobras en las terminales son un “servicio básico” y que ADIF tiene la obligación legal de tramitar las solicitudes con la máxima eficiencia posible.

La resolución otorga a ADIF un plazo máximo de tres meses para informar formalmente a la CNMC de las medidas concretas, adoptadas o planificadas, para retirar el material rodante no vinculado al ciclo productivo de las terminales de mercancías. El regulador exige que estas actuaciones se prioricen en aquellos nodos ferroviarios donde la asfixia de capacidad sea más grave, citando expresamente a Córdoba como el caso más acuciante.