Cientos de agricultores se echan a la calle pidiendo “precios justos para el campo”

Cientos de agricultores cordobeses se han echado este martes a la calle para recorrer el centro de la ciudad. Convocados por las tres organizaciones agrarias (Asaja, Coag y UPA) y por la asociación de Cooperativas Agrarias, los agricultores y ganaderos han reclamado con esta marcha “precios justos para el campo”. Los productores han coincidido en protestar por lo que consideran una “situación crítica” para el sector en la que se acumulan tres problemas muy concretos: precios muy bajos para sus productos, que los costes se han disparado por el encarecimiento de la luz y las materias primas, y una Política Agraria Común (PAC) que se está negociando y que les deja muy insatisfechos.

La protesta cordobesa ha reunido este martes a más coches que tractores. La mayor parte de los vehículos agrícolas de la provincia están en estos momentos en plena campaña o bien de recogida de la aceituna o bien de los cítricos. Aún así, a Córdoba han llevado una docena de tractores, en su mayor parte procedentes de Fernán Núñez. Además, prácticamente 150 vehículos particulares han participado en la protesta.

A la marcha convocada por las organizaciones agrarias se han sumado dos partidos, el PP y Vox. Los populares han desembarcado también con gran parte de la cúpula de la Delegación del Gobierno andaluz de la Junta en la provincia de Córdoba.

La protesta partió poco antes de las 11:00 de la mañana del recinto ferial de El Arenal, a donde fueron llegando los vehículos agrarios y los turismos. La marcha condujo a través del Puente de El Arenal, la plaza de Andalucía y el puente de San Rafael hacia el centro de la ciudad de Córdoba. Los tractores hicieron sonar sus bocinas y los turismos, muchos de ellos 4x4, sus cláxones. Eso sí, en la plaza de Andalucía la caravana coincidió con la protesta convocada por CCOO e IU contra los recortes sanitarios. Los agricultores esperaron a que la primera marcha completase su recorrido para continuar.

Antes, ante los medios, los responsables de las organizaciones agrarias resumieron sus propuestas. El presidente de Asaja, Ignacio Fernández de Mesa, insistió en culpar “al Gobierno” de la “situación a la que nos está llevando”. “Jamás nos hemos encontrado con un conjunto de ministerios que están llevando todo a lo más absurdo”, dijo. Asaja ha cargado especialmente contra el Ministerio de Trabajo por “decir que hay trabajo esclavo” en el campo y ha reclamado una reforma laboral para la contratación agraria.

Por su parte, Carmen Quintero, de COAG, reclamó “que se investiguen los contratos” de los intermediarios y que “no se venda ni un solo producto” a un precio más bajo que lo que cuesta producirlo, como está ocurriendo actualmente. COAG ha reclamado que se cumpla la nueva ley de precios. Eso sí, han asegurado que están “bastante cabreados” con el ministro de Agricultura Luis Planas por “dar la espalda al sector” en la reforma de la PAC y la propuesta de ecoesquemas. “Hay ganaderos con poca base territorial que van a perder el 50% de su ayuda directa”, dijo.

Por su parte, Miguel Cobos, de UPA, señaló el “problema” de las “importaciones” de productos agrarios que tumban los precios locales. Así, señaló el problema de la naranja china que entra en plena campaña de los cítricos. “El campo está aquí para lanzar un SOS”, dijo. “Hemos sido capaces de abastecer los mercados” en lo peor de la pandemia y los agricultores no reciben unos precios justos, dijo, al tiempo que insistió en la “situación de crisis brutal que sufrimos”.

Por su parte, Rafael Sánchez de Puerta, presidente de las Cooperativas Agroalimentarias, también coincidió con los anteriores y señaló que el campo vive “una situación límite” donde es “muy complejo” conseguir rentabilidad. Además, propuso aumentar la superficie de regadío. “No es verdad que no haya agua. Podría haber más regadío. Con un agua bien gestionada tendríamos pleno empleo”, sostuvo.

Por último, el delegado del gobierno de la Junta y coordinador regional del PP, Antonio Repullo, aseguró que “este es el resultado de la falta de diálogo” del gobierno y de “no escuchar al sector”.