Los 'barones' del PP se comprometen en Córdoba a impulsar la gratuidad en la educación de 0-3 años

Los presidentes de comunidades autónomas del PP que se reúnen este fin de semana en Córdoba se han comprometido a trabajar por implantar una gratuidad “progresiva” en el nivel de educación infantil para la franja de edad de cero a tres años, y para promover una Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) “común” en los territorios donde gobiernan de cara al próximo año 2025.

Así lo ha avanzado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en unas declaraciones difundidas a los medios este sábado, en el marco del encuentro que reúne durante el fin de semana en Córdoba al líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, y a los presidentes autonómicos 'populares'.

En dicha reunión se va a aprobar la denominada 'Declaración de Córdoba' en la que “se recogerán acuerdos de colaboración” que “serán hechos en esta legislatura”, según ha explicado Cuca Gamarra, que ha añadido que también se va a abordar en este encuentro “la posición del PP en las políticas de Estado que tienen que hacer avanzar este país”.

La secretaria general del PP ha avanzado dos “acuerdos importantes” que se han alcanzado este sábado en materia de educación, en relación a la gratuidad del nivel de educación infantil de cero a tres años y también para “una EBAU común para todos nuestros estudiantes”, según ha abundado.

Al respecto, la 'número dos' del PP ha señalado que la gratuidad de la educación de cero a tres años es “sin duda alguna una gran conquista social que el Partido Popular quiere hacer realidad en esta legislatura en todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas en las que gobernamos, es decir, para el 70% de los españoles”.

Ha precisado que “la gratuidad de cero a tres que será progresiva” y además “se adecuará a las peculiaridades de cada comunidad autónoma”, y ha querido dejar claro que será una “realidad” de la mano de los gobiernos regionales 'populares', “con el compromiso” además de “cofinanciarla desde el Gobierno de España cuando el PP gane las próximas elecciones y pueda gobernar”.

En relación a la prueba de acceso a la universidad, Cuca Gamarra ha defendido que el PP tiene el “compromiso” de impulsar una “EBAU común” en las comunidades donde gobierna que “no tiene por qué esperar”, y ha abundado que “puede empezar a materializarse ya desde la colaboración y la coordinación de las comunidades autónomas”.

Así, ha remarcado que los presidentes del PP han acordado en Córdoba empezar ya a “cooperar para que se produzca esa EBAU común en esas 12 comunidades autónomas” donde el partido está gobernando, y para ello han asumido el “compromiso”, de cara al próximo año 2025, de que “ya se desarrolle esa EBAU bajo criterios homogéneos tanto formales como de contenidos desde la pluralidad, y teniendo en cuenta aquellas materias que son obligatorias y que son comunes para todos”.

Cuca Gamarra ha defendido que se dará así “un salto cualitativo en materia educativa”, y también estos acuerdos servirán para “reflejar cómo desde la cooperación y desde la colaboración somos capaces de hacer avanzar a este país”.

La secretaria general del PP ha apuntado además que los dirigentes autonómicos de su partido están reunidos con la dirección nacional en Córdoba “porque creemos en el Estado de las autonomías y, sobre todo, en una política que no levanta muros, sino que tiende puentes”.

“Esa colaboración de comunidades autónomas que reflejan al 70% de la población española significa que somos capaces de tender puentes para hacer avanzar a los españoles en materia educativa, sanitaria, de apoyo al sector primario o en materia económica”, ha abundado Cuca Gamarra antes de concluir sentenciando que por parte del PP “lo vamos a hacer y lo estamos haciendo ya”.

El PP exige al Gobierno dimisiones por el caso Koldo y denuncia el “ejercicio de autoritarismo” con la amnistía

El Partido Popular ha exigido este sábado al Gobierno dimisiones por el caso Koldo y ha criticado el “ejercicio de autoritarismo” con la amnistía como un intento de “desactivar” al poder judicial e “incompatible” con un sistema democrático.

Los populares han expresado este posicionamiento a través de la 'Declaración de Córdoba', firmada por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, junto a los presidentes autonómicos de la formación, y en la que han reafirmado su rechazo a “toda forma de corrupción” en “un momento especialmente grave si tenemos en cuenta que el PSOE se encuentra acorralado por una trama de corrupción”.

En esa línea, han expresado su compromiso de seguir denunciando en las instituciones y en los tribunales “cualquier derivada de este desfalco en las arcas públicas, afecte a quien afecte”, en tanto que han apuntado en dirección a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, además de a miembros del Gobierno.

El manifiesto ha profundizado también en el rechazo a que el Ejecutivo central “viva permanentemente extorsionado por el independentismo”, razón por la rechazan la ley de amnistía, a la que califican de “corrupción política”, y han remarcado su voluntad para “frenarla ante todas las instancias posibles”.

“Una norma que se cimenta en la mentira y en una transacción corrupta que consiste en vender la aplicación de la ley a cambio de comprar votos”, ha expresado el documento, a la par que ha constatado que los partidos independentistas “nunca habían tenido tanta capacidad de influencia” en España.

Así, a la vista de que consideran que la democracia española atraviesa “uno de los momentos más graves de su historia” e inspirados bajo la idea de que “la igualdad no es una opción sino un derecho de todos los españoles”, la declaración anuncia que las comunidades autónomas gobernadas por el PP activarán al “máximo” sus competencias “para preservar la igualdad y solidaridad que se están viendo menoscabadas”.

Siguiendo esa línea argumental, han reclamado que se convoque de “forma inmediata” la Conferencia de Presidentes, así como el resto de foros multilaterales en los que se deben tratar los asuntos comunes, y han criticado la “reiterada negativa” de Sánchez a acceder a estos puntos mientras colecciona “cesiones unilaterales” y negocia “privilegios en nombre de todos los españoles”.

“Manifestamos nuestro desprecio por este trato desigual e inmoral que crea ciudadanos de primera y de segunda”, ha remachado la formación conservadora al respecto como paso previo a renovar su “deber” de defender y reforzar el sistema autonómico, así como a expresar que “el futuro de España corresponde decidirlo a todos y cada uno de los españoles”.