El Ayuntamiento y Fundación Social Universal colaboran en la alimentación saludable en 13 escuelas de Bolivia

El Ayuntamiento de Córdoba y la Fundación Social Universal (FSU) garantizan una alimentación saludable en 13 escuelas rurales del distrito de Sopachuy en Bolivia, con la implicación de las entidades públicas y de la sociedad civil comprometidas con garantizar el derecho a una alimentación sana para beneficiar a cerca de 900 personas, entre ellas 560 niños y jóvenes.

Según resaltan desde la entidad social, el proyecto, iniciado en el mes de junio, estará en marcha durante 24 meses con un presupuesto total de 123.509 euros, contando con una subvención del Consistorio por importe de 65.364 euros.

La población beneficiaria directa del proyecto la conforman 885 personas, 560 estudiantes de primaria y secundaria de 13 escuelas rurales, 286 hombres y mujeres, padres y madres de familias de estudiantes y 39 representantes de los consejos educativos de las escuelas rurales.

Los estudios realizados sobre la implementación de la Alimentación Complementaria Escolar (ACE) han desvelado diversos problemas, como “la deficiente cobertura efectiva de desayuno, que no se daba todos los días de la semana o durante toda la gestión escolar, o solo se atendía al nivel primario; la escasa sostenibilidad del programa debido a la falta de recursos económicos y la insuficiente asignación de los mismos; la falta de higiene en la preparación de los alimentos; la poca variedad de los menús, o la baja calidad nutritiva de los alimentos”.

A la par también se han identificado importantes aportes del programa, como “su contribución a la asistencia regular a la escuela y a la disminución de la deserción escolar; la mejora del estado nutricional de los niños, y la reducción de las anemias en la población escolar y en consecuencia el mejor aprovechamiento escolar; el fortalecimiento organizativo de la comunidad en torno a la alimentación escolar; la implementación de iniciativas de salud escolar y la inclusión de temas sobre nutrición e higiene en el currículum escolar, o la promoción y desarrollo de iniciativas y emprendimientos productivos locales articulados a la dotación de raciones alimentarias para el desayuno escolar”.

Con la presencia de la pandemia, se han producido algunos inconvenientes a nivel de la organización e implementación de la alimentación escolar en el territorio, como “la discontinuidad en la dotación de la alimentación escolar a niños en el municipio, la escasa claridad de las autoridades responsables de la ACE para su implementación, la poca o nula participación de las organizaciones sociales durante la gestión de la ACE y, con todo ello, la permeabilidad del derecho a la alimentación de los estudiantes de este municipio”.

A nivel familiar, señalan que “la presencia del Covid ha provocado mayor vulnerabilidad y aumento de la inseguridad alimentaria, incremento de la migración de los hombres adultos a las ciudades en busca de trabajo e ingresos y la consecuente disgregación de los hogares, entre otros”.

Por todo lo indicado, desde la Fundación señalan que “se hace necesario contar con una población activa, que esté precautelando la alimentación escolar como derecho ganado, y buscando, junto a sus autoridades, las mejores estrategias que permita continuar distribuyendo la alimentación escolar”.

Intervención con niños y jóvenes

Así, en base a las recomendaciones y aprendizajes en torno a los aspectos económicos, sociales, culturales, tecnológicos y políticos de la gestión de la ACE derivadas de la intervención realizada en el vecino municipio de Tomina, se interviene en 13 escuelas rurales del municipio de Sopachuy, que se encuentra a 190 kilómetros de la ciudad de Sucre, capital constitucional de Bolivia.

Según el diagnóstico realizado por el socio local, la ONG Promotores Agropecuarios, la alimentación de la población del área rural de este municipio se basa principalmente en carbohidratos derivados del consumo de papa, maíz y trigo, producidos en predios familiares, lo que provoca que la población sufra de problemas intestinales, disponga de bajas defensas --susceptible a contraer diversas enfermedades--, muchas dificultades de aprendizaje, cansancio, fatiga, problemas de crecimiento y otros.

La problemática que se pretende resolver con el proyecto está referida a la alta permeabilidad y riesgo de los derechos de niños y jóvenes indígenas para el acceso permanente a una adecuada alimentación complementaria y a la salud, algo que “contribuye a los altos niveles de desnutrición e inseguridad alimentaria de la población estudiantil, incrementada por la presencia del Covid-19”.

Las causas que generan tal situación, y en las que el proyecto pretende incidir son “las insuficientes condiciones para el acceso a una Alimentación Complementaria Escolar apropiada a sus necesidades y requerimientos nutricionales, las escasas capacidades y condiciones para una ACE efectiva y eficiente de los actores de la comunidad educativa y la limitada participación de la sociedad civil en la gestión de la ACE”.

Generar condiciones y capacidades

El proyecto pretende lograr que 560 niños y jóvenes indígenas estudiantes ejerzan su derecho a una adecuada alimentación y salud en entornos saludables en tiempos del Covid y post Covid. Para la consecución de este propósito, se trabaja en la generación de condiciones y capacidades para el acceso a una Alimentación Complementaria Escolar apropiada a las necesidades de los estudiantes; la promoción, educación y asistencia para una buena alimentación y salud de los estudiantes, y la generación de alianzas estratégicas entre la sociedad civil y el Estado para resguardar el derecho a la nutrición y la salud de los estudiantes.

Las principales entidades implicadas en la ejecución de las actividades son Proagro --contraparte local ejecutora--, el gobierno municipal, el sistema educativo, el servicio de salud, los concejos educativos de padres y madres de familia, el estudiantado y la Fundación Social Universal. Además de una instancia público y privada denominada Comité de la ACE.