Las similitudes entre la sentencia de Rafael Gómez y la de la infanta Cristina

Las dos sentencias casi han coincidido en el tiempo. Y casi en las formas. La del caso del fraude fiscal en las empresas de Rafael Gómez y la del caso Nóos. En ambas, han sido condenados a penas muy similares por delitos fiscales Rafael Gómez alias Sandokán por un lado (cinco años y tres meses) e Iñaki Urdangarin por otro (seis años y tres meses de cárcel). También, que sus familiares directos (esposas e hijos en el caso de Gómez) y esposa (en el caso de Urdangarin, nada más y nada menos que la infanta Cristina) han quedado absueltos de culpa al considerar los jueces que ignoraban todo lo que pasaba en las empresas que habrían estado defraudando a la Hacienda Pública.

Incluso, las similitudes van más allá del fallo judicial. También se refieren a su futuro en libertad. ¿Qué hacer con ambos? ¿Prisión preventiva o prisión tras una sentencia firme? Las dos sentencias, la del caso Gómez y la del caso Nóos, son recurribles a una instancia superior. Y los dos están condenados a más de cinco años de cárcel, el tiempo que la Fiscalía Anticorrupción considera mínimo para pedir el ingreso en prisión de manera preventiva en este tipo de delitos. También en los dos casos la Fiscalía no ha tomado una decisión definitiva. Y tampoco ha dicho si recurrirá la sentencia.

Sin embargo, donde más similitudes existen es precisamente en el argumento usado para exculpar a los familiares. En el caso de Rafael Gómez, una extensa sentencia de 90 folios resumen en apenas dos líneas porqué deja libres a los cuatro hijos del constructor cordobés: “no tuvieron conocimiento de la marcha de la empresa ni participaron en la toma de decisiones”, afirma el magistrado que ha dictado la sentencia.

Más adelante, el juez justicia porqué el único condenado es Rafael Gómez: “Nos encontramos ante un grupo de empresas familiar en las que todo el accionariado pertenecía a Rafael Gómez, su cónyuge y sus cuatro hijos. Es algo que nadie discute y está perfectamente acreditado. Pero de ese hecho probado no podemos afirmar sin más que todos los acusados tenían conocimiento suficiente de la marcha de las empresas y que por tanto eran responsables, a efectos penales, de la falta de cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de dichas empresas. Basta leer las hemerotecas o preguntar al ciudadano medio de calle de Córdoba -lo que se conoce como la esfera del profano- sobre quien gestionaba o controlaba estas empresas familiares, para que la respuesta sea unánime en la persona de Rafael Gómez Sánchez”.

Hay una diferencia, no obstante. El juez cordobés llega incluso a lamentar que no pueda explicar bien qué es el delito fiscal: “pido disculpas los profesionales del Derecho por no aprovechar un juicio, como el presente, para exponer un estudio detallado sobre las diferentes interpretaciones y corrientes doctrinales y jurisprudenciales referidas al delito fiscal”. La excusa está, precisamente, en el principal juzgado, Rafael Gómez, ya que según argumenta tiene que explicar el fallo para que él lo entienda.

“La mayor parte de las resoluciones judiciales están destinadas a ser conocidas por los ciudadanos, cobrando especial interés, entre ellas, las definitivas, o sea las que ponen fin al juicio, como la presente sentencia. Por tanto, estas resoluciones tienen que ser comprendidas por los acusados, máxime en el presente caso en el que el principal acusado, Rafael Gómez Sánchez, ha insistido, una y otra vez, a lo largo del juicio y en el trámite de ”la última palabra“, en que tiene serias dificultades para leer y escribir, que es ”analfabeto“, que lo único que hizo fue trabajar y crear trabajo y que para eso contrató a los mejores profesionales, no interfiriendo en ningún momento en las decisiones tomadas por éstos. Por consiguiente, aunque tan solo sea por respeto a los acusados intentaremos dictar la presente resolución en términos que sean comprendidos por ellos, en la convicción de que son los principales destinatarios de la misma”, afirma.