Siete condenados a cárcel por defraudar a Hacienda más de 6,6 millones de euros

El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba ha condenado a penas de entre siete años y seis meses y dos años y seis meses de prisión a siete hombres relacionados con una empresa de informática y otras sociedades radicadas en España y Portugal por delitos contra la Hacienda Pública, tras defraudar más de 6,6 millones de euros en los ejercicios 2003, 2004 y 2006.

Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se declara probado que tres de los procesados formaban parte del consejo de administración de MGR e “idearon un sistema, aprovechando la normativa comunitaria al estar las entregas intracomunitarias exentas de IVA, con la finalidad de obtener beneficios fiscales indebidamente al tributar como hecho imponible en país de destinos las adquisiciones intracomunitarias”, todo ello “simulando ventas internacionales”.

Así, en 2003 contactaron con otro acusado que gestionaba varias entidades mercantiles en España y Portugal y a través de una de ellas vendió participaciones ese mismo año a un quinto procesado, que “actuaba concertado con el anterior como testaferro”.

De este modo, durante dicho ejercicio MGR declaró haber realizado compras a tres de las entidades por las que “se dedujo el IVA soportado”, aunque dichas mercantiles “no tenían actividad económica real y no habían tributado tal impuesto”, a la vez que declaró efectuar entregas intracomunitarias exentas de IVA a otras tres entidades.

Ante ello, solicitó una devolución de IVA de 1,9 millones de euros, para lo que una de dichas entidades “simulaba ser principal cliente de MGR y a su vez vendía a otras tres de las empresas, que vendían de nuevo a MGR”.

Según la juez, “aparentaban realizar ventas de material informático en Portugal con exención de IVA y posteriormente las mercantiles simulaban vender a otras empresas en territorio nacional”.

Por tanto, MGR dejó de ingresar 1,4 millones de euros, mientras que las mercancías no se trasladaban, pero “se confeccionaba documentación para amparar tales operaciones no realizadas”, según se sostiene en la resolución judicial.

Igualmente, se detalla que “la trama siguió ampliándose durante 2004 y 2006”, de manera que en 2004 los tres primeros acusados siguieron en concierto con el cuarto y sus empresas “sin actividad real”, uniéndose el quinto procesado, quien “conocía la operatividad de las entidades referidas con MGR”.

Al respecto, en el año 2004 MGR declaró vender a una de las empresas la cifra de 7,3 millones de euros y a otra, 3,3 millones de euros, y a su vez otra de las entidades del cuarto acusado declaró comprar mercancía por 4,1 millones de euros a la empresa que compró por 7,3 millones y por 690.000 euros a la de los 3,3 millones, así como que vendió a MGR por 2,8 millones y la empresa del quinto procesado lo hizo por 2,6 millones de euros.

“Complicar el círculo”

Además, “para complicar el círculo no sólo las anteriores vendieron a MGR por las cantidades ya referidas, sino también para completar importes similares” por 3,2 millones de euros a otras entidades, “vinculadas a MGR al estar participadas por socios de la referida mercantil y por un comercial que les suministraba y trabajaba en Andalucía occidental, convirtiéndolas en proveedoras y a la vez en clientes”.

También, la empresa que administra el quinto acusado declara ventas por más de 2,5 millones de euros sirviéndose “de igual razonamiento de constitución y funcionamiento que el expuesto para las anteriores”. De esta forma, los tres procesados y socios de MGR, junto con los otros dos y sus empresa mencionadas, “declararon vender entregas no reales por importe total de 9.125.364 euros, que generaron cuota defraudada por importe de 1.373.748 euros”.

En el año 2006 se incorporaron los otros dos acusados, de manera que MGR vendió a una empresa portuguesa del primero de ellos y otras empresas radicadas en territorio nacional. En las operaciones con el séptimo procesado, “colaborador de mayor volumen con MGR, se dice hacer servicio de transporte” con dos empresas, que “comparten características con las antes referidas en cuanto a falta de sede o de capacidad operativa y cuya finalidad última era la de obtener indebidamente devoluciones de IVA”.

De esta forma, el sexto acusado constituyó su empresa en febrero de 2006, declarando MGR venderle a la misma y a título de empresario personal al enjuiciado por más de 2,5 millones de euros. A su vez, el referido acusado vendió material a otra entidad por importe de 2,7 millones, MGR vendió a la empresa del sexto por 3,2 millones y dicha entidad vendió a otra por 3,9 millones, mientras que esta última vendió a MRG por 514.135 euros y a otras dos empresas por importes de 661.791 euros y 1,9 millones.

En este sentido, las empresas del séptimo procesado a las que hacen supuestas entregas de material MGR son dos “sin entidad física, sin estructura empresarial y con baja en el Registro de Operadores Intracomunitarios, sin sede física y con la única finalidad de generar facturas de entregas y compras simuladas integradas en el círculo empresarial antes descrito”.

Así, MGR declaró ventas a una de ellas por 1,3 millones de euros y a la segunda por 12,5 millones, a lo que se suma lo antes computado para la empresa del sexto acusado y éste a título personal, “dejando de ingresar a la Hacienda Pública la cantidad de 3.832.100 euros en el referido ejercicio fiscal”.

Las operaciones antes descritas determinaron que la Agencia Tributaria “no devolviese todos los importes solicitados por la entidad MGR”. No obstante, “sí que obtuvo indebidamente devolución de 580.879 euros en el ejercicio 2004 y 912.062 euros en el año 2006, salvo error u omisión”.

Multas de más de 13 millones

En la sentencia también se condena al pago de multas de 13,2 millones de euros por parte de los tres primeros acusados como presuntos autores de tres delitos contra la Hacienda Pública; de 5,6 millones de euros por parte del cuarto y quinto procesados como cooperadores necesarios en dos de los tres delitos, y de 7,6 millones de euros por parte de los dos restantes como cooperadores necesarios del tercer delito.

Cabe destacar que los procesados negaron los hechos en el juicio y defendieron que no ocultaron actuaciones.