Si te doy mi casa, ¿me dejas en paz?

Imagen de archivo de una concentración de Stop Desahucios.
Una familia en paro afronta el desahucio por impago de su hipoteca

La crisis machaca a los hipotecados. En Córodoba se multiplican los casos de clientes de entidades bancarias que ven tambalearse su futuro por los apremios en los pagos que les exigen los entidades con quienes los firmaron. Medio centenar de personas se concentraron el lunes en Córdoba para reclamar la dación en pago -o el alquiler social- para una familia de cuatro miembros que no puede pagar la hipoteca de 240.000 euros.

La entidad se ha comprometido a dar traslado de la petición, que cuenta con el apoyo de la plataforma Stop Desahucios. La orden de desalojo no ha llegado todavía, pero la familia y el colectivo ciudadano la consideran inminente.

En 2006, en plena burbuja del ladrillo, Fernando Mancha y Belén Alcaide compraron una casa unifamiliar a las afueras de Córdoba. La entidad bancaria (Cajasol, actualmente en Caixabank) que le otorgó la hipoteca tasó la vivienda en 240.000 euros. “Un precio que sin duda está muy sobrevalorado”, critica Fernando.

Mensualmente, la pareja ha tenido que abonar unos 1.200. Los pagos fueron religiosos durante cuatro años, pero hacia 2010, las cosas empezaron a torcerse. El negocio de carpintería de Fernando caía a la vez que se hundía el sector inmobiliario. Y los contratos temporales de investigación de Belén, en la Universidad, comenzaban a tambalearse. Finalmente, su trabajo de bióloga no se renovó y terminó, como Fernando, en el paro.

“Hace dos años nos pusimos en contacto con la caja. Para pagar la deuda, nos ofrecieron como solución endeudarnos con un préstamo de 34.000, con dos años de carencia y a un interés del 6%. Algo que siempre consideramos abusivo”, señalaba el lunes Fernando. A pesar de los reparos, la pareja no encontró otra salida. Pero la situación se deterioró. Desde julio no pagan las mensualidades de la hipoteca. “Entre dar de comer a nuestros hijos y pagarla, optamos por lo primero”, dice.

El miedo de la pareja no es solo que puedan quedarse en la calle con sus hijos, sino que la ejecución de la deuda afecte también a los padres de Fernando. Ellos avalaron con su propio piso la compra de la vivienda. “Pero eso no lo vamos a permitir”, advierte su hijo.

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