Sandokán vuelve al banquillo

Ha llegado el día. Rafael Gómez Sandokán se enfrenta este lunes a su peor trago, un juicio de dos semanas por el que le podrían condenar hasta a 44 años de cárcel por 11 delitos contra la Hacienda Pública. Con él se sientan sus cuatro hijos, para los que piden un total de 22 años de prisión.

En las 10 vistas programadas va a tratar de dilucidarse la complejísima y enmarañada madeja de cuentas en que se convirtieron el grupo Arenal y siete de sus empresas. Para ello, fuentes de la Fiscalía señalan que será determinante el papel de los peritos, en los que se ha basado buena parte de la calificación del delito que ha hecho el Ministerio Público. Su comparecencia se espera para el lunes y el martes de la semana que viene y de la claridad de sus exposiciones puede depender el veredicto final.

El fraude que se juzga está valorado en 58,1 millones de euros. Por eso, la Fiscalía también reclamará durante el juicio a Gómez el pago de una indemnización que es el séxtuplo de lo supuestamente defraudado, lo que sumaría la astronómica cifra de 348 millones de euros. Sus cuatro hijos estarían condenados a pagar cinco veces lo defraudado: 290,5 millones de euros.

En el fondo de todo se encuentra una constante: la inexistencia de una frontera entre el uso del patrimonio de las empresas por ellas mismas o por la familia Gómez. Es decir, “no había una línea divisoria” entre los activos ligados a las empresas con aquellos ligados a satisfacer las necesidades particulares.

En este sentido, el Ministerio Público recoge en su escrito de calificación que “las personas titulares del grupo” retiraron “en efectivo de diversas cuentas bancarias unos 60 millones de euros (habitualmente en billetes de 500 euros)”, si bien los acusados manifestaron que el destino de ese dinero era el “consumo”. El fiscal, en cambio, cree que con estas retiradas de fondos se engrasaba un complejo engranaje que usaba sociedades prestamistas -y otras del propio grupo- para repartir finalmente el dinero sin dejar documentación de préstamo alguno.

En conjunto, la principal anomalía detectada por el fiscal en la gestión de Rafael Gómez radica en la “existencia de multitud de operaciones intragrupo en las que la supuesta voluntad individual de cada persona física o jurídica quedaba diluida en la voluntad única del grupo de empresas”. En este sentido, el fiscal detecta “múltiples operaciones” entre las entidades del grupo “que no están debidamente soportadas en documentos contractuales”, así como “divergencias relevantes” entre a quiénes van destinados y afectan realmente esas operaciones. Y todo ello, junto a una constante “deslocalización arbitraria de rentas y patrimonios entre las distintas sociedades del grupo”.

Este complejo tejemaneje es extensible “a las operaciones económicas entre los socios, las personas físicas y las sociedades del Grupo Arenal”. Así, se produjo lo que el fiscal califica como “una confusión evidente entre los intereses y voluntades patrimoniales de las sociedades y las rentas y patrimonios personales”.