Sancionan a un supermercado y ordenan clausurar el motor de su cámara frigorífica por los ruidos a los vecinos

Imagen de la localidad de Bujalance | MADERO CUBERO

Un matrimonio residente en la localidad cordobesa de Bujalance ha conseguido que el ayuntamiento del municipio sancione y ordene la clausura del motor de la cámara frigorífica de un supermercado por el excesivo ruido que este hacía, causando molestias a los vecinos que residían en el mismo edificio.

La pareja de afectados había acudido en primer lugar al ayuntamiento de Bujalance para denunciar el ruido que emitía el motor de la cámara frigorífica del supermercado, ubicado en la cubierta del edificio donde se encontraba el establecimiento y justo encima de la vivienda del matrimonio. A instancias del Consistorio, los afectados sufragaron un estudio acústico sobre el ruido emitido por el motor de la cámara frigorífica, que mostró que “el funcionamiento del motor de la cámara frigorífica del local denunciado no cumplía con los requisitos del Decreto 6/2012, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía”.

Sin embargo, en un primer momento el ayuntamiento no hizo nada al respecto y el matrimonio afectado recurrió a la Junta de Andalucía y después presentó una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, que requirió al consistorio bujalanceño información y que actuara en este caso.

Según relata la información sobre el expediente abierto por el Defensor, “varios meses después de haberse presentado el ensayo acústico desfavorable, no se había incoado expediente administrativo alguno, primero para exigir la adopción de medidas correctoras y, si no se atendía, para imponer la correspondiente sanción y, en su caso, exigir la adopción de medidas provisionales”.

“Ante dicha pasividad municipal, los afectados habían acudido a la Delegación Territorial de Medio Ambiente en Córdoba, que había remitido sendos oficios, de noviembre de 2017 y febrero de 2018, en los que recordaba que el Ayuntamiento es el órgano ambiental competente para la vigilancia e inspección de la actividad denunciada. Tampoco estos requerimientos habían provocado actividad alguna en el Ayuntamiento”, por lo que el último paso fue presentar una queja ante el Defensor.

Tras la acción del Defensor del Pueblo Andaluz, el ayuntamiento de Bujalance sí tomó cartas en el asunto y pidió a la Diputación Provincial que realizara una visita de inspección al establecimiento denunciado, además de exigir al establecimiento que cumpliera la normativa acústica.

Después de ello y tras requerirlo el Defensor, el ayuntamiento de Bujalance remitió propuesta de resolución del expediente en el que se acordaba sancionar a la empresa titular del supermercado con una sanción económica por una infracción administrativa grave en materia de protección contra la contaminación acústica, así como acordar la medida de clausura total del motor de la cámara frigorífica ante la falta de insonorización adecuada y que producía ruidos molestos a la vivienda colindante.

Los afectados entendieron que la calificación de la infracción no era la adecuada y que, además, la clausura del motor decretada ni se había cumplido voluntariamente por el supermercado ni tampoco se había ejecutado forzosamente por el ayuntamiento, de tal forma que seguían sufriendo los ruidos denunciados. En cualquier caso, el establecimiento cerró por voluntad del propietario, sin relación con esta causa, y en la actualidad está en el mercado de alquiler.

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