Una década de alquiler social, todos los recibos pagados y la amenaza de un desahucio

Sonia, su marido y dos hijos viven desde hace diez años en una vivienda de alquiler social en Córdoba. Ella guarda celosamente todos los recibos pagados durante ese tiempo por el piso propiedad del fondo inmobiliario Building Center, participado por CaixaBank, que ahora le ha remitido un escrito anunciando un desahucio por un supuesto impago. Una situación similar arrastra Margarita, su hija y su nieto, que viven desde hace casi una década en un piso que pertenece al fondo buitre Global Pantelaria, por el que consiguieron un contrato de alquiler social. Pagaron siempre cada mes y lo demostraron así ante el juez cuando el fondo buitre les llevó a juicio para echarlos. Pero hace un año que el fondo no quiere renovar el contrato para que puedan seguir viviendo allí y una amenaza de desahucio pende sobre ellos para 2025.

Son las historias de dos familias, de dos alquileres sociales pagados, de dos pisos en manos de fondos buitre y de dos amenazas de desahucio, en la batalla en la que para gran parte de la población se ha convertido poder tener una vivienda.

La historia de Sonia, su marido y sus hijos de 21 y 15 años se remonta a hace diez años, desde cuando viven en alquiler social en un piso del distrito Sur de Córdoba. El fondo dueño del inmueble les ha subido en varias ocasiones el alquiler: primero pagaban 102 euros, luego 175. En agosto de este año el incremento llegó a 410 euros, explica Sonia a Cordópolis. Con el bono social pudieron rebajar esa cifra hasta 240 euros. Y una nueva subida hace un par de meses ha dejado la cuota en los 247 euros que pagan actualmente.

“Todo está pagado”

“Siempre he ido pagando. Y guardo todos mis recibos”, dice sobre tantos años de “sustos y miedo” porque pudieran echarla a ella y a su familia del piso. Explica que el pago del alquiler cada mes se convierte en una odisea: “Ellos (el fondo propietario de la vivienda) tienen mi número de cuenta, pero no se lo cobran. Tengo que reclamar yo el pago cada mes, esperar que me manden un correo con un enlace para poder hacer la transferencia. Ahora, aún estoy esperando que me envíen el del mes de noviembre”.

Pese a haber pagado sus mensualidades, a Sonia le ha llegado un escrito de inicios de los trámites para desahuciarla, denuncia. “Dicen que debo dos cantidades -mil y pico euros una y dos mil y pico otra-, pero yo he pagado todo”, asegura. “Todo está pagado y tengo guardados todos los recibos”, reitera.

Sonia trabaja como auxiliar del servicio de Ayuda a Domicilio y, con sus ingresos, sostiene a su familia y el pago del alquiler. “En diez años he tenido muchos sustos, siempre te quieren echar”, cuenta. En esa batalla está asesorada por Stop Desahucios, para hacer frente a la amenaza de desahucio y poder permanecer en la que es su vivienda desde hace una década. “Lo que quiero es tener tranquilidad y seguir pagando el alquiler”, pide.

Alquiler social, un juicio y una orden de desahucio

En el caso de Margarita, ella vive con su hija y un nieto en el piso del fondo buitre Global Pantelaria desde hace casi una década. La llevaron a juicio denunciando que había dejado de pagar y que debía un año del alquiler, pero ante el juez demostró con sus facturas que “nunca había dejado de pagar”, recuerda.

Pagó durante todo ese tiempo el alquiler con sus escasos ingresos de la pensión de viudedad. Pero al caducar el contrato, Margarita se tuvo que sentar en enero pasado en el banquillo de los acusados después de que iniciaran contra ella un procedimiento de desahucio. Tuvo orden de lanzamiento, pero el juez la paralizó al no contar con el informe de Servicios Sociales sobre su situación de vulnerabilidad. 

De la pensión de viudedad de 613 euros que cobra Margarita y de lo que saca de vez en cuando limpiando casas cuando la llaman, viven ella, su hija y su nieto. Con ello pagó el alquiler hasta que el fondo se ha negado a renovarlo y de nuevo la amenaza del desahucio se cierne sobre Margarita y su familia.

“El 3 de febrero a las 11:30 tenemos orden de lanzamiento”, dice, afligida, aunque de nuevo también intentarán parar este desahucio y que pueda seguir pagando el alquiler social para mantenerse con su familia en la vivienda.

Si llega a producirse ese desahucio, engrosará las cifras de lanzamientos por alquiler, que ya duplican en Córdoba a las cifras de desahucio por impago de hipotecas. En Córdoba ciudad, en 2023 hubo 68 ejecuciones hipotecarias y en el primer semestre de 2024 se han registrado ya 47. Mientras, los desahucios por impago del alquiler sumaron en 2023 un total de 123 y en el primer semestre de este año 84.