El recurso del Gobierno deja en el aire dos expropiaciones de viviendas

La consejera, Elena Cortés, junto a su delegada de Fomento, Marisantos Córdoba. FOTO: MADERO CUBERO
El Consejo de Ministros ha aprobado elevar al Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de la Junta de Andalucía sobre la Función Social de la Vivienda

La expropiación temporal de dos viviendas en la provincia de Córdoba llevadas a cabo por la Junta de Andalucía están en el aire después de que esta mañana el Consejo de Ministros haya aprobado llevar al Tribunal Constitucional el decreto andaluz sobre la Función Social de la Vivienda. El 18 de noviembre, la Junta de Andalucía expropió temporalmente su primera vivienda en la provincia de Córdoba. En concreto, y según publicó el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía(BOJA), la expropiación afecta a una casa de 110 metros cuadrados en Doña Mencía que es propiedad del BBVA. Dos semanas después, el 3 de diciembre, la Consejería dirigida por la cordobesa Elena Cortés expropió su segunda vivienda de la provincia, esta vez en la capital, en la plaza Nuestra Señora de la Merced de la capital cordobesa, para evitar el desahucio de los residentes en el mismo, un matrimonio de personas mayores en riesgo acreditado de exclusión social.

Ahora, estas dos expropiaciones quedan en el aire. Los apartados impugnados por el Ejecutivo central, para los que solicita su suspensión, son los relativos a la “declaración de interés social a efectos de expropiación forzosa de la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social”; la “definición de viviendas deshabitadas” y la “clasificación de infracciones muy graves” para las entidades bancarias que no saquen estas viviendas al mercado del alquiler.

Este recurso, de enorme trascendencia para Andalucía, no ha sido anunciado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Al contrario, el Gobierno lo ha hecho público cuando ha dado a conocer las referencias del Consejo de Ministros, ya entrada la tarde.

El recurso a la ley andaluza aparece en las referencias que recogen los acuerdos aprobados por el Consejo de Ministros y que este viernes se han hecho públicas pasadas las seis de la tarde, sin que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hubiera hecho mención, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, a la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la norma andaluza.

El Gobierno entiende que la Ley andaluza es inconstitucional, en primer lugar, “por definir el contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda, ejerciendo para ello competencias en materia de vivienda y urbanismo de la comunidad autónoma” y mantiene que “no puede integrarse el contenido esencial del derecho de propiedad privada desde las competencias sectoriales de vivienda y/o urbanismo, al menos cuando se esté afectando a la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, por cuanto el artículo 149.1.1 de la Constitución Española reserva al Estado tal competencia, así como el 149.1.8 de la Constitución Española reserva al Estado la competencia en materia de legislación civil”.

Etiquetas
stats