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¿Recuerdan la autopista a Toledo? Pues hay que pagarla

La ministra de Fomento, Ana Pastor, durante su última visita a Córdoba | MADERO CUBERO

Alfonso Alba

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El Gobierno empezará a abonar en 2016 una indemnización a la concesionaria de una autopista de peaje que nunca se construyó | En total, Fomento tendrá que abonar 141 millones hasta el año 2045 tras una sentencia del Supremo por “silencio administrativo”

En el año 2003, el entonces ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos aprobó un proyecto ambicioso: construir una autopista de peaje desde Madrid a Córdoba pasando por Toledo para salvar así Despeñaperros y reducir en 75 kilómetros el viaje. A día de hoy, la autopista solo está construida entre Madrid y Toledo, se llama AP-41 y está infrautilizada (tiene un tráfico inferior a 1.000 vehículos al día). El proyecto entre Toledo y Córdoba se abandonó. El Ministerio de Medio Ambiente (tanto con el Gobierno del PP, como posteriormente con el PSOE) no aprobó nunca el estudio de impacto ambiental. La autopista iba a partir en dos los Montes de Toledo y la dehesa de Los Pedroches. No obstante, años después, todos los españoles van a tener que pagar año a año una millonada por una autopista que nunca se construyó. En total, sale a pagar 141 millones de euros a partir del año que viene y hasta el 2045.

El Consejo de Ministros del Gobierno aprobó el pasado 17 de julio un Real Decreto por el que se modificaban determinados términos de una concesión administrativa para peaje. Como ha explicado el diputado del PSOE en el Congreso por Córdoba Antonio Hurtado, el Ejecutivo de Mariano Rajoy cumplía una sentencia del Tribunal Supremo del 16 de mayo del año 2011. La sentencia se dictaba tras el “silencio administrativo” del propio Gobierno, que había decidido hacer oídos sordos a la demanda de la concesionaria, un conglomerado de constructoras y un banco formado por las compañías Isolux, Sando, Azvi y Comsa, y la entidad financiera portuguesa Espíritu Santo.

La sentencia daba la razón a las empresas en su demanda. El Tribunal Supremo consideró que al decidir no construir la autopista hasta Córdoba, el Ministerio de Fomento había alterado la previsión económica de estas empresas, que pujaron por la concesión administrativa del peaje haciendo las cuentas de lo que posteriormente iban a ganar. De hecho, en su sentencia, el Supremo condena al Estado a pagar por ese peaje no cobrado por la empresa. Así, se preveía el paso de unos 2.000 coches al día durante 35 años. Eso hace la cantidad de 141 millones de euros hasta el 2045. Y eso es lo que tendrán que pagar todos los españoles.

La autopista de peaje entre Córdoba y Toledo se abandonó durante la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, siendo ministra de Medio Ambiente la socialista Cristina Narbona. Tras diversas consultas con expertos medioambientales, se optó por no construir la infraestructura, que además desató importantes protestas de ecologistas. Posteriormente, en marzo del año 2010, la concesionaria anunció que iba a recurrir ante el Gobierno su decisión de no construir la autopista. Ante el “silencio administrativo” del Ejecutivo, el Supremo dio la razón a la concesionaria y condenó al Ejecutivo a pagar por una obra que los ciudadanos no van a poder disfrutar.

La concesionaria asegura que invirtió 400 millones de euros en construir la autopista entre Madrid y Toledo. A día de hoy, esta vía está infrautilizada. Se pensó para conseguir captar uno de cada cuatro vehículos que usa la autovía entre Madrid y Toledo. Al igual que la mayoría de las autopistas radiales de peaje que salen de la capital de España, no ha cumplido ni de lejos esas ambiciosas previsiones. A día de hoy, la concesionaria ha entrado en quiebra. No obstante, con la indemnización que tendrá que ir pagando el Gobierno año a año durante los próximos ejercicios se asegura el cobro de 141 millones de euros.

Según los cálculos de Antonio Hurtado, que critica que se haya llegado a este punto por el “silencio administrativo” del Gobierno, el año en que más se pagará será precisamente el último. En el ejercicio del 2045, habrá que abonar más de seis millones de euros a esta concesionaria, formada por algunas constructoras que no pasan precisamente por su mejor momento.

Hurtado se ha mostrado especialmente crítico con el “abandono” del proyecto, que ha supuesto que aunque no se construya la obra, finalmente haya que pagar. De hecho, el PSOE ha incluido en sus enmiendas a los presupuestos generales del Estado que el Gobierno prevé aprobar antes del final de la legislatura una propuesta para que se retome la construcción de esta autopista de peaje, que ahorraría 75 kilómetros el viaje a Madrid, junto a la consecuente reducción del viaje y gasto en combustible.

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