Rafael Gómez vota en contra de aceptar la sentencia del TSJA del plan Colecor

El concejal de UCOR Carlos Baquerín pide por escrito que se estudie “la legalidad” de la votación y que “se delimite la responsabilidad personal y política del presidente del Pleno”

Era un Pleno sin debate y no lo hubo. Ni siquiera en los dos puntos más controvertidos de la sesión plenaria que se ha celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Córdoba: el tercero y el cuarto. En estos dos puntos, los concejales tenían que darle el visto bueno a la ratificación de dos sentencias más que controvertidas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Las dos anulaban dos puntos del plan especial de la Carretera de Palma del Río, en el que se incluyen las polémicas naves de Colecor construidas irregularmente por Rafael Gómez Sandokán, que se sentaba hoy en el Pleno.

El partido de Sandokán, UCOR, había anunciado en la junta de portavoces que se iba a abstener en estos dos puntos. Sin embargo, y sobre la marcha, y sin que Rafael Gómez abandonase el salón de plenos a pesar de que se votaba un asunto que le afectaba personalmente, UCOR decidió cambiar el sentido de su voto y rechazar la ratificación de la sentencia. Su voto no iba a servir para nada, ya que tanto el PP como IU como PSOE votaron a favor.

No obstante, el concejal de UCOR Carlos Baquerín quiso discrepar del voto y abstenerse. Al final del Pleno pidió la palabra al presidente del Pleno, Luis Martín, que le fue retirada ya que se había pactado entre los portavoces que no habría debate en señal de duelo por el asesinato de la presidenta de León, Isabel Carrasco. Martín conminó a Baquerín a hacer su pregunta por escrito, algo que el concejal hizo a última hora de la mañana.

En el escrito, Baquerín solicita cinco cosas. La primera es que se haga constar en acta que su voto es en contra y el de la edil María José López de la Bastida nulo al argumental que “no le resulta posible votar en conciencia y libertad, y por ello ni se atreve siquiera a firmar este escrito, a pesar de que entiende que legalmente debe abstenerse”.

También reclama que “se proceda a estudiar la legalidad de los acuerdos adoptados” y que “se delimite la responsabilidad personal y política del presidente del Pleno”. Por último, también reclama que se “estudien las responsabilidades civiles y en su caso penales de los concejales que han votado en un Pleno nada menos que en contra de la ratificación de una decisión judicial firme del Tribunal Superior de Andalucía”.