Protesta de los vecinos de Torrecampo ante la sede central de Cajasur por el cierre de su única oficina en el pueblo
El vicesecretario general del PSOE de Córdoba Alberto Mayoral ha apoyado este lunes la concentración de protesta de los vecinos y vecinas de Torrecampo ante la sede principal de Cajasur en la capital cordobesa, encabezada por su alcaldesa, la socialista Paqui Alamillo, en protesta por el anuncio del cierre de la única sucursal bancaria existente en el municipio a partir del próximo mes de diciembre, lo que dejará al más de un millar de residentes de la localidad sin poder acceder a los servicios bancarios y en situación de exclusión financiera.
Mayoral afirmó que “el PSOE de Córdoba está junto a los vecinos y vecinas y a su alcaldesa para exigir a Cajasur que cumpla con el acuerdo de Inclusión Financiera firmado entre el Gobierno de España y la patronal de entidades bancarias del país para garantizar que todos los ciudadanos puedan tener acceso a los servicios bancarios vivan donde vivan, y más en los entornos rurales”, por lo que sostuvo que “no puede ser que Cajasur cierre la única oficinal bancaria existente en Torrecampo y que dejará a muchas personas mayores sin poder realizar sus gestiones financieras en su banco, por lo que tendrán que verse obligados a desplazarse a otra localidad”.
El socialista invocó el Pacto por la Inclusión Financiera firmado por la vicepresidenta del Gobierno de España Nadia Calviño con las patronales bancarias (AEB, CECA y Unacc), que acordaron el pasado mes de octubre actualizar el Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca, “incluyendo el compromiso de asegurar una provisión adecuada de servicios financieros presenciales para el 100% del territorio” que viene a reforzar las medidas adoptadas en febrero para garantizar la inclusión financiera en las zonas rurales y la atención bancaria personalizada de los mayores.
El protocolo, recordó Mayoral, garantiza al menos un punto de acceso a servicios bancarios presenciales –oficinas bancarias, cajeros automáticos, agentes financieros u oficinas móviles- en los municipios de más de 500 habitantes que no cuentan con ningún punto de acceso, alrededor de 250 en toda España, mientras que en los 2.987 municipios de menos de 500 habitantes se arbitrarían otras soluciones a través de los carteros rurales o permitir el acceso a efectivo en establecimientos no financieros.
“Desde el inicio de la pandemia se han cerrado más de 60 sucursales bancarias en la provincia de Córdoba, una caída del 13% con respecto a las que había”, informó a los medios de comunicación Alberto Mayoral, que detalló que el pasado año había en la provincia 372 oficinas bancarias, mientras que un año antes había un total de 423, según los datos del Banco de España. En este sentido, adujo que “exigimos a la banca que asuma el compromiso realizado con el Gobierno de España y se revoque el cierre de la sucursal de Torrecampo”.
Por su parte, la alcaldesa de Torrecampo, Paqui Alamillo, que estuvo al frente de la protesta vecinal ante la sede de Cajasur secundada por alrededor de un centenar de vecinos y vecinas desplazadas en autobús hasta la capital, insistió en que el cierre de la sucursal bancaria “condena a todos los vecinos, pero sobre todo a las personas mayores de Torrecampo que no saben usar el cajero automático, a tener que desplazarse 10 kilómetros hasta la vecina Pedroche para poder ser atendidos presencialmente en una oficina bancaria y realizar sus gestiones financieras”.
Alamillo reconoció que han mantenido contactos con dirigentes de Cajasur para hallar una solución “pero la respuesta que hemos recibido es que la oficina no tiene rentabilidad económica”, y especificó que “desde el Ayuntamiento le hemos hecho una propuesta que tienen encima de la mesa y que reproduce la que en su día hicimos con Correos para que mantuviera abierta su sede, que es ofrecerle un espacio municipal junto al Consistorio para que sigan prestando servicio”.
La secretaria general del PSOE de Torrecampo y alcaldesa del municipio denunció el “malestar y absoluto rechazo” y emitió hace dos semanas un comunicado desde el Consistorio que consideraba el cierre “un despropósito y casi una falta de respeto hacia los habitantes de Torrecampo, donde la mayoría son clientes de Cajasur y actualmente cuentan con tan solo dos días a la semana de servicios bancarios”.
Para la alcaldesa de Torrecampo, “esta situación de cierres generalizados junto a las limitaciones horarias de acceso a las oficinas está generando un sinfín de problemas a las personas usuarias, con una muy especial incidencia en las áreas rurales, donde a las distancias para acceder al servicio se une la falta de transportes públicos y que la mayoría de afectados son personas mayores que carecen de los medios y recursos necesarios para estos desplazamientos”.
Hasta 2017, la provincia de Córdoba era la tercera de España con menos cajeros automáticos por habitantes, con uno por cada 1.695 personas, sólo superadas por Almería --uno por cada 2.060 habitantes-- y Melilla --1.832--, según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que indica que, a día de hoy, el 14% de los municipios de la provincia cordobesa no cuenta con ese servicio bancario.
Además, desde el año 2008 en Andalucía se han perdido 2.550 sucursales bancarias, y más de 14.000 personas que viven en una decena de municipios de la provincia de Córdoba, fundamentalmente del interior, no tienen acceso en su entorno a un cajero automático ni a una oficina de su entidad financiera. Sólo entre 2008 y 2016 en la provincia cerraron alrededor de 200 oficinas y sucursales de entidades financieras, pasando de casi 700 sucursales a menos de 500 y la cifra sigue descendiendo.
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