Denuncian que la fragmentación de proyectos de plantas solares en la provincia busca “eludir” el control estatal

La plataforma Stop Megaplantas Solares Alto Guadalquivir ha afirmado que “la fraudulenta fragmentación de los proyectos solares y un rápido beneficio para empresas privadas son los responsables de la avalancha de megaplantas solares” proyectadas en dicha comarca cordobesa, “sin orden ni concierto”, con el fin de “eludir” el control estatal de los proyectos, que es el que “correspondería”.

Según ha señalado la plataforma en una nota, “esta invasión y destrucción de tierra agrícola sin control no afecta sólo a Andalucía”, pues “Aragón está sufriendo la misma invasión por megaplantas de renovables” y, “tanto en Aragón, como en Andalucía, la manera de actuar de las promotoras es la misma, tratar a las plantas como si fuesen totalmente independientes, separadas físicamente y sin relación entre ellas”.

Sin embargo, “por esta falsa e intencionada fragmentación, la Fiscalía de Huesca estudia un posible delito ambiental en la evaluación de 15 proyectos de renovables por fraude”, que “consiste en autorizar varios proyectos pequeños, cuando en realidad forman una única megaplanta”. Es decir, “la Administración autonómica tenía que informar a las empresas promotoras para que presentaran un único proyecto a la Administración central, ya que los proyectos se fragmentaron intencionadamente”.

En el Alto Guadalquivir cordobés “la fragmentación es muy clara y evidente”, ya que “todas las plantas tienen la misma línea de evacuación”, a lo que se suma “la cercanía de las plantas, compartiendo polígonos y parcelas”, y “los nombres de las plantas”, denominadas “Caballo 1, 2 y 3, Guadame Solar 1, 2, 3, 4 y 5 y Guadalquivir 1, 2 y 4”, sin olvidar que “la titularidad, nombre, dirección, fecha de constitución y administrador único de las empresas son los mismos en muchas de las plantas”.

A juicio de la plataforma, “esta evidente fragmentación de megaplantas en plantas más pequeñas que no superan la capacidad de 50 MW es totalmente ficticia y con el único fin de eludir la competencia estatal, que es la que le correspondería”.

La consecuencia es que “no disponemos de estudios de impacto ambiental reales para conocer el daño real de la desaparición de miles de hectáreas de tierra fértil”, que serán “ocupadas por placas solares, destruyendo nuestro medio ambiente, nuestra forma de vida y deshauciándonos de nuestros hogares”.