La Confederación acusa a la Junta de no vigilar los vertidos agrícolas y ganaderos a La Colada

“Corresponde a la Junta de Andalucía el redactar y hacer cumplir el Programa de Actuación aplicable en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, como es el caso de la cuenca de aportación del embalse de La Colada. Le corresponde, así mismo, redactar y controlar la aplicación del Código de Buenas Prácticas Agrarias”. Así ha respondido la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) a una pregunta del diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, realizada al Gobierno sobre la situación en el embalse de La Colada y las responsabilidades.

Este martes, de hecho, se cumplen exactamente seis meses desde que la Junta de Andalucía, a través de la Delegación provincial de Salud, ordenó la prohibición del consumo del agua que salía por el grifo de los hogares de las 80.000 personas aproximadamente que viven en el norte de la provincia de Córdoba. La prohibición se sostiene en que el agua que se bombea desde La Colada hasta la Estación Potabilizadora de Sierra Boyera está tan contaminada que no se puede potabilizar y, por tanto, consumir.

Ahora, el Gobierno, a través de esta respuesta parlamentaria, certifica que La Colada está contaminada por “nitratos”. El Ejecutivo señala directamente a la Junta de Andalucía como la administración que debe evitar la llegada de nitratos al embalse, según ha informado este martes el coordinador provincial de Izquierda Unida en Córdoba, Sebastián Pérez, que ha sido quien ha dado a conocer la respuesta parlamentaria.

“La importancia de la contaminación difusa de fuentes agrarias en la cuenca del embalse de La Colada queda de manifiesto con el hecho de que está declarada como zona vulnerable a la contaminación por nitratos”, señala el Ejecutivo en su respuesta parlamentaria. De hecho, el Gobierno asegura que la declaración de La Colada como “zona vulnerable” la hizo la propia Junta de Andalucía pero como “consecuencia de la determinación, por parte del Ministerio con competencia en materia de medio ambiente, de las aguas afectadas por contaminación de nitratos de origen agrario y de la correspondiente Resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE)”.

Sebastián Pérez insistió en que la Junta es “consciente” de la situación y que “no ha hecho nada por revertirla”. Así, reiteró que el Ejecutivo recuerda que “durante la tramitación del plan hidrológico de cuenca [del Guadiana, que es donde se localiza La Colada] se pusieron de manifiesto las presiones e impactos de las diferentes masas de agua al Comité de Autoridades Competentes, del que forma parte la Junta de Andalucía, en particular, y se establece el Programa de Medidas encaminado a alcanzar el buen estado de las masas de agua. Por lo tanto, la Junta de Andalucía conoce las presiones e impactos (nutrientes procedentes de fuentes puntuales y fuentes difusas) que afectan al embalse de La Colada, tanto por la tramitación del plan hidrológico de cuenca como por la declaración de zonas vulnerables”, reitera el Ejecutivo.

El coordinador provincial de Izquierda Unida urgió a la Junta de Andalucía a poner en marcha un plan de control de este tipo de vertidos de origen agrícola y ganadero, y a controlar las “aguas difusas” en la zona. Así, lamentó que el plan del gobierno andaluz sea el de luchar contra las algas del embalse. “Las algas son la consecuencia de la contaminación, no el problema”, que estaría en los vertidos. Por tanto, si siguen llegando vertidos el embalse se mantendrá contaminado, argumentó.

Las acciones de la Confederación

Por su parte, la Confederación del Guadiana señaló que en el ámbito de sus competencias ha llevado a cabo varias iniciativas para frenar la contaminación de La Colada. La primera ha sido el “establecimiento de valores límite de emisión de nutrientes en las autorizaciones de los principales vertidos de la cuenca de aportación al embalse de La Colada”. En este caso, “tienen limitados los nutrientes los vertidos urbanos de Pozoblanco, Alcaracejos-Villanueva del Duque, Viso-Villaralto; y el vertido industrial titularidad de Covap”, señala el Ejecutivo, que no concreta las sanciones que se habrían impuesto en caso de superarse.

También destaca la labor de “control sobre las actividades susceptibles de incorporar sustancias nutrientes en las cuencas de aportación de los embalses, con especial atención a los vertidos desde fuentes puntuales, recayendo la competencia del control de las fuentes difusas en otras administraciones de conformidad con la regulación actual (principalmente, el referido Real Decreto 47/2022, a través de las figuras ”Códigos de Buenas Prácticas Agrarias“ y ”Programas de Actuación“) y sin perjuicio de las potestades del Organismo de cuenca ante la detección de un vertido contaminante no autorizado”.

Y por último, la Confederación señala que lleva a cabo “inspecciones periódicas a los embalses con la finalidad de detectar posibles episodios de proliferación y poder alertar de los mismos. Estas se realizan principalmente en verano, dada la mayor incidencia de los episodios de proliferación de fitoplancton durante esta época”.